Pacto por la legalidad

El verdadero pacto que México necesita es uno a favor de la legalidad. Sí, nos importan las reformas que se han emprendido al amparo del Pacto por México, pero éstas no nos elevarán al rango de nación democrática y desarrollada, que cuenta con un Estado de derecho vigente, si no comenzamos por lo básico: el respeto al orden legal con que contamos y que establece las bases de una interacción ordenada.  Lo que hemos visto en estos últimos días es el deprecio de la ley y nuestra tolerancia infinita a su infracción.

Las estampas de ese México descompuesto en su esencia las tenemos a diario. Maestros que hacen gala de incivilidad y violencia cuando sienten amenazados los instrumentos con los que expolian al sistema educativo mexicano;  jóvenes encapuchados que toman la Torre de Rectoría de la UNAM con el pretexto de un pliego petitorio que no tiene causa alguna más que impunidad para quienes antes, como ellos, infringieron la ley; funcionarios del gobierno de Veracruz que hacen cálculos electorales a partir de la manipulación de programas sociales y la intimidación de los beneficiarios. Esa vieja práctica de explotación de las carencias para el control político y la movilización electoral.

El abuso a la ley también estuvo presente en el caso del general Tomás Ángeles Dauahare y otros acusados, a quienes se les imputaron nexos con el crimen organizado con base en el dicho de un testigo protegido, pero con pruebas endebles que, al parecer, no ameritaban consignación. El uso del aparato de justicia como revancha política. El uso de la justicia para fabricar culpables, al más puro estilo de una república bananera.

Por ello, pienso que debemos meter freno y reflexionar si podemos dar un salto cualitativo en nuestro desarrollo cuando los cimientos de la nación son tan endebles. Si podemos realmente aspirar a ingresar a las ligas de naciones respetadas y desarrolladas cuando la legalidad se pisa como forma de vida. No somos rebeldes ante la ley por genética. Lo somos porque las condiciones de nuestro entorno lo alientan. Porque la ley nunca ha sido el eje de nuestra interacción. Que no se nos olvide que fuimos un país con entendimientos tácitos fundados en  leyes no escritas de nuestro viejo orden político y las instituciones formales sirvieron sólo para maquillar esa otra realidad. Y no hemos logrado darle la vuelta a ese capítulo.

El 1 de diciembre del año anterior, el país amaneció con un nuevo gobierno y con el anuncio de un acuerdo político amplio entre las distintas fuerzas políticas. La sustancia de dicho acuerdo es relevante para México. Sin embargo, su enfoque es limitado porque no toca ni tangencialmente la esencia de nuestro problema profundo como nación. Pretender que nuestro subdesarrollo lo ocasiona la falta de competencia en un mercado o la falta de calidad educativa, es sólo otear la superficie. Nuestro problema es de ausencia de legalidad.

El país ciertamente no vive en la anarquía, ni todos los espacios de la vida nacional se caracterizan por la ausencia de reglas. Hay espacios que se han podido institucionalizar, lo que demuestra que no es la cultura sino las reglas y las instituciones que le dan soporte. El camino que hace años emprendimos en materia electoral es buen ejemplo, aunque embates recientes y otros anteriores, han debilitado lo que en un momento construimos con eficacia.

En el mundo electoral existió un acuerdo político entre las partes involucradas para suscribir ciertas reglas que darían certeza y equidad al proceso y, por tanto, a lo que derivara de ello. Existió el momento político adecuado, las condiciones y la disposición de los actores a atarse las manos. La alternativa ya no era viable: conflictos electorales recurrentes que  escalaban en su violencia. Todos perdían.

Ese tipo de acuerdo político es el que necesitamos hoy, ya no sólo para el tema electoral sino para todos los ámbitos de nuestra convivencia. Ciertamente un acuerdo a favor de la legalidad implica la disposición a atarnos de manos, a reconocer en la ley el límite de nuestras acciones y las consecuencias que se derivan de su infracción. Reconocer que el respeto a la ley es un valor superior, pero también el basamento que da racionalidad y certeza a nuestras interacciones y también el instrumento para salvaguardar nuestros derechos.

Por ello, pienso que el Pacto por México debió haber sido un pacto a favor de la legalidad. Ese gran acuerdo refundacional que no tuvimos con la alternancia de partidos en el poder, pero que hoy necesitamos para que este país tenga futuro. La alternativa es la disrupción constante que tenderá a escalar. Ahora que el Pacto por México se tambalea, qué mejor momento para dar el viraje.

                *Directora de México Evalúa

                Twitter: @EdnaJaime

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