El acceso a las redes sociales de niñas, niños y adolescentes ha generado un debate que ha pasado del ámbito local a lo global, y se ha convertido en una serie de políticas públicas que transita por medidas legislativas, educativas y administrativas.
Hay que recordar que Australia incorporó medidas de bloqueo para acceso a menores de 16 años, inactivando millones de cuentas, argumentando que las adicciones a las pantallas y a las redes sociales son un problema de salud mental, de tal suerte que empresas operadoras de estas plataformas, de no cumplir, serán sujetas a cuantiosas multas en millones de dólares.
En Europa, países como Alemania, España y Francia han emitido, por conducto de sus parlamentos, prohibiciones para los usuarios menores de 15 años, y de 16 en algunos otros de redes sociales, con el ánimo de detener este distractor, que, de acuerdo con diversos argumentos, afecta la sanidad del sueño y desarrollo del cerebro, las estadísticas superan más de 90% de participantes, esencialmente en la educación básica.
En nuestro hemisferio, a nivel de Estados Unidos, hay iniciativas para la restricción de acceso a redes sociales para menores de 14 años, bajo el mismo argumento, situando en relieve la salud emocional.
En México, entidades como Querétaro, Ciudad de México y Guanajuato, por lo menos, han buscado la limitación, fundamentalmente en horarios escolares, destacando en este debate la participación de especialistas que, de manera general, tienen posiciones encontradas, como la del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que ha enfatizado enfoques más amplios y balanceados para considerar los derechos a la infancia en los entornos digitales; no comparten prohibiciones estrictas, ya que no garantizan por sí solas la seguridad de niñas, niños y adolescentes, pudiendo afectar a quienes estén aislados o en situaciones de vulnerabilidad, y depender de internet para la conexión social y aspectos de aprendizaje. Sugieren que se seguirá accediendo mediante otras plataformas con menor regulación y en donde pudiera haber mayores riesgos, accediendo a espacios menos seguros y de menor regulación.
Se recomienda que la responsabilidad de las plataformas tecnológicas deban contener aquellos mensajes y contenidos que puedan hacer daño, y acciones gubernamentales que también generen una participación de niñas, niños, familia y comunidades en el diseño de soluciones por evidencia y experiencias reales, y también una alfabetización digital para padres y cuidadores para un uso responsable de tecnologías.
La Unicef reconoce la problemática sobre riesgos del contenido dañino, los impactos en la salud, el ciberacoso y la explotación, no obstante, las restricciones de edad por sí solas no son la solución principal, ya que se puede empujar a espacios menos seguros.
A nivel internacional, este debate tiene argumentos en pro y en contra de quienes manifiestan que es necesario “recuperar la infancia” y, por otro lado, de quienes manifiestan enfáticamente que el aumento de la ansiedad, depresión y las autolesiones entre adolescentes son parte de la voluntad política de abordar como un tema de Estado las restricciones a las redes sociales y a los teléfonos inteligentes.
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