Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años y una razón para estar en México: estudiar.
Había cruzado el Atlántico desde España para participar en un intercambio académico. Pretendía conocer otra cultura, caminar por una ciudad desconocida, hacer amistades, aprender, equivocarse, descubrir. Tenía derecho a hacerlo.
El 12 de septiembre, Claudia fue asesinada en las inmediaciones de la casa de la cultura de Cuautla, Morelos. Y con este feminicidio vuelve una pregunta que México se resiste a responder: ¿Cuándo vamos a dejar de enseñarles a las mujeres cómo sobrevivir y vamos a empezar a exigir que las instituciones hagan su trabajo?
Porque a las mujeres nos entrenan desde niñas para anticiparnos a la violencia. Nos enseñan que la seguridad depende de nuestra capacidad para prever el peligro. Y cuando una mujer es asesinada aparecen las preguntas equivocadas: ¿Dónde estaba?, ¿con quién?, ¿a qué hora?, ¿por qué iba sola?, ¿por qué vestía así?
Como si el error hubiera sido de ella. No. El problema tampoco es que eligiera Cuautla para seguir estudiando. El problema es que alguien decidió atacarla. Y que, según testigos, hubo fallas institucionales que pudieron aportar al trágico desenlace. Si esos señalamientos son correctos, no estamos frente a un simple problema administrativo. Cuando una persona pide ayuda en una situación de vida o muerte, cada minuto importa.
La familia de Claudia también ha cuestionado el acompañamiento institucional. Lara Tacoronte, hermana de la joven, ha hecho públicos reclamos sobre la atención recibida. Y hay una pregunta adicional que incomoda particularmente a las universidades.
Claudia estaba en México como estudiante de intercambio. ¿Qué información recibió sobre seguridad? ¿Qué protocolos tenían la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad de Granada para proteger y atender a sus estudiantes? ¿Existían canales de emergencia claros? ¿Quién debía responder ante una situación de riesgo?
Intercambio sin medidas
Un intercambio académico no puede consistir únicamente en firmar convenios y tomarse fotografías institucionales. Enviar a una joven a otro país también implica una responsabilidad de prevención y acompañamiento.
Sin embargo, ni la institución mexicana ni la Universidad de Granada advirtieron a Claudia que pisaba un territorio marcado por el terror. Un territorio en el que recientemente han sido asesinadas otras tres mujeres estudiantes: Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Fuentes. Tres compañeras cuyos nombres la UAEM parece que silenció para proteger su prestigio.
El nombre de cada víctima obliga a preguntar qué se hizo antes, qué falló después y qué cambió realmente. Porque las estadísticas tienen una trampa: pueden hacernos olvidar que detrás de cada número había una persona. Una hija. Una hermana. Una persona con proyectos.
Queda claro que la violencia contra las mujeres no tiene nacionalidad. No pregunta si somos mexicanas o extranjeras. Tampoco distingue entre una estudiante, una trabajadora, una niña o una adulta mayor. Por eso la respuesta tampoco puede limitarse a lamentar. Las condolencias no previenen feminicidios. Los comunicados no recuperan vidas. Las fotografías oficiales no sustituyen protocolos. Y las promesas de coordinación no son justicia.
Claudia tenía derecho a estar en Cuautla. Tenía derecho a caminar. Tenía derecho a estudiar. Tenía derecho a volver a casa. No tenía que aprender a vivir con miedo. Nosotras tampoco. Urge dejar de vivir como si nuestra libertad fuera un riesgo que debemos administrar nosotras.