La sentencia de 70 años de prisión contra Marlon Botas no sólo representa justicia para Monserrat Bendimes; también exhibe un fracaso colectivo. Sí, escuchar que el responsable del feminicidio recibió la pena máxima da un respiro en un país donde la impunidad suele ser la regla. Pero la justicia llegó cinco años tarde.
Monserrat tenía 20 años cuando, en abril de 2021, fue brutalmente golpeada por quien era su pareja. Murió seis días después por las graves lesiones. Su familia pasó cinco años enfrentándose a un sistema lento, desgastante y profundamente indiferente. La semana pasada, por fin, su madre pudo decir una frase que ninguna debería pronunciar: “Se hizo justicia para mi hija”.
Mientras una familia encuentra algo de paz, otras siguen enfrentando la misma maquinaria de indiferencia.
Ahí está Areli Viridiana. Sobrevivió a un intento de feminicidio después de que su expareja la roció con alcohol y le prendió fuego frente a sus tres hijos. Perdió parte de una oreja, sufrió quemaduras severas y hoy vive con secuelas permanentes.
La violencia con sustancias inflamables es una de las expresiones más crueles de la violencia de género. Organizaciones civiles estiman que al menos 47 mujeres sufren quemaduras intencionales cada semestre, pero ni siquiera existe un registro oficial. Y lo que no se mide, difícilmente se previene.
Además de reconstruir su vida, Areli ahora debe convencer a los legisladores de aprobar una Ley Ácida que lleva años en pausa. En México, la incapacidad institucional obliga a las sobrevivientes y a sus familias a convertirse en investigadoras, abogadas y activistas para empujar al Estado a cumplir con obligaciones que nunca debieron recaer sobre ellas.
Después conocimos el caso de Pamela Yajaira, de 25 años. Presuntamente fue engañada por un hombre que conoció en redes sociales, llevada a una fiesta y ahí, según la investigación, dos hombres la rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Alcanzó a declarar antes de morir. Hoy los responsables siguen prófugos.
CADENA DE COMPLICIDADES
Y cuando parecía imposible sumar otra historia más de horror, apareció la de Dafne. Tenía 13 años. Su madre pagó 25 mil pesos para enviarla a un campamento de verano en una academia militarizada. Esperaba que regresara con aprendizajes; volvió sin vida.
El certificado de defunción señala homicidio y presencia de agua en los pulmones. La familia denuncia inconsistencias en la versión oficial y, desde que decidió alzar la voz, comenzaron a surgir testimonios de exalumnos que relatan presuntos abusos físicos y psicológicos dentro de la Academia Doenitz. Finalmente, la Fiscalía de Tamaulipas reclasificó a feminicidio la investigación.
Cuando una niña muere bajo el resguardo de una institución, la pregunta no sólo es quién la agredió, sino quién debía protegerla. Por eso su familia busca impulsar una ley que lleve su nombre para regular estas academias.
La violencia feminicida no comienza con el asesinato. Empieza con el golpe que se justifica, la amenaza que se minimiza, la denuncia que se archiva, la institución que no supervisa y una sociedad que todavía pregunta qué hizo una mujer, en lugar de cuestionar por qué un agresor creyó que podía ejercer esa violencia.
En este contexto llega la iniciativa presidencial para crear una Ley General contra el Feminicidio que representa un paso importante: busca homologar el delito, fortalecer las investigaciones y garantizar reparación integral. Ojalá se traduzca en resultados.
Porque las mujeres mexicanas ya no necesitamos discursos. Necesitamos instituciones que actúen antes del crimen. Mientras las sobrevivientes sigan convirtiéndose en activistas por obligación y las familias tengan que investigar lo que corresponde al Estado, ningún país podrá presumir justicia.