Una gestión fronteriza integral para proteger y salvaguardar a las personas migrantes

Por: Maximiliano Reyes Zúñiga* y José Luis Alvarado Valenzuela**

Cuando se vuela desde Tapachula, los bolsillos de los respaldos de los asientos de la aerolínea contienen un folleto informativo de la Campaña Azul de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) para la prevención de la trata de personas. Ese documento explica las señales que el público debe reconocer para detectar a víctimas de trata entre los pasajeros y el protocolo a seguir en este caso. Sirva eso como recordatorio de la cruda realidad que viven las personas migrantes, que a lo largo de su trayecto se enfrentan a riesgos como accidentes letales, enfermedades, daño físico y psicoemocional, y, por supuesto, caer víctimas de redes delictivas de trata de personas.

Por ello, México –como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes– no ha titubeado en su posición de que la migración nunca debe ser forzada y que debemos asegurar mejores condiciones de vida en los lugares de origen, para evitar que se emprenda una travesía que pueda convertirse en una pesadilla. El objetivo es claro: atender el tema desde la raíz y mitigar las causas estructurales que dan lugar a la migración irregular, y no solo paliar sus síntomas.

Este eje de acción se conjuga con la gestión fronteriza integral coordinada, tanto al interior como al exterior, bajo el enfoque de responsabilidad compartida. Así, se ha desarrollado una estrategia multiactor a todos los niveles de gobierno, sobre todo entendiendo que la migración es uno de los grandes retos que convergen en los países, por lo cual los esfuerzos deben ser armonizados, nunca unilaterales.

En esa tónica –y guiados siempre bajo las directrices del Pacto Mundial para la Migración, que establece la gestión de fronteras de manera integrada, segura y coordinada a fin de consolidar una migración regular y ordenada–, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se coordina con múltiples dependencias, que incluyen al Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), otros órganos federales, gobiernos locales y muchos actores más, con el objetivo de atender los flujos que a diario cruzan la frontera de manera irregular. Ese también es el motivo de llevar a cabo ejercicios conjuntos con Guatemala en la frontera sur –como el que se realizó el 21 de octubre–, en los que autoridades de ambos países –con la observación de Honduras– intercambian información y buenas prácticas.

La salvaguarda de la integridad física y preservación de la vida de las personas migrantes, así como el respeto a sus derechos humanos, es una prioridad. Tan sólo en este mes se instalaron albergues con capacidad para atender a más de mil personas, además de que hay una presencia permanente de los grupos Beta del INM –que apoyan a grupos vulnerables y demás personas que requieran asistencia humanitaria–, así como de los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS) que atienden a menores migrantes, en particular aquellos no acompañados.

Consolidar una migración ordenada, segura y regular es del interés de todos, tarea de muchos y no podemos obviar que una migración mal regulada puede intensificar la división de las sociedades y exponer a los migrantes a los riesgos que se han descrito aquí. En ese sentido, hoy más que nunca es trascendental que sigamos trabajando juntos para transformar los flujos migratorios, utilizando lo mejor de nuestras capacidades al interior y al exterior para resguardar la vida e integridad de estas personas.

* Subsecretario para América Latina y el Caribe de la SRE ** Cónsul designado de México en Tecún Umán, Guatemala