Por César Alejandro Ruiz Jiménez*
Hace unos días, en Sonora, dos adolescentes privaron de la vida a una amiga, con la complicidad de la madre de una de ellas. La respuesta del sistema fue imponer sanciones que no superan tres años de reclusión para una y 11 meses de libertad asistida para la otra. En Michoacán, un adolescente asesinó a dos maestras. El resultado jurídico es el mismo: un régimen que, incluso frente a la máxima expresión de violencia, mantiene límites punitivos reducidos en nombre de la protección del adolescente.
Estos casos no sólo conmocionan por su brutalidad, sino por la distancia evidente entre la gravedad del acto y la respuesta del Derecho. El sistema penal para adolescentes parte de una premisa correcta: el adolescente no es un adulto y, por tanto, no debe ser tratado como tal. De ahí que el orden jurídico privilegie su reinserción social, limite el uso de la prisión y establezca medidas diferenciadas. Sin embargo, esa lógica fue construida pensando en conductas propias de una etapa de desarrollo —impulsivas, inmaduras, corregibles—, no en actos que implican una comprensión real de la gravedad de quitar la vida a otro ser humano. El problema no es que el sistema proteja al adolescente, sino que no se ha ajustado para sancionar adecuadamente conductas que reflejan premeditación, alevosía y ventaja.
En el centro de esta discusión se encuentra el principio de autonomía progresiva. Conforme a éste, los adolescentes adquieren gradualmente capacidad para tomar decisiones propias en la medida en que desarrollan su conciencia y madurez. Este principio ha sido utilizado para ampliar su esfera de libertad en múltiples ámbitos: salud, identidad y vida personal. Ha servido, en los hechos, como un mecanismo de emancipación paulatina frente a la tutela absoluta. Pero esa emancipación ha operado en un sólo sentido.
El sistema reconoce cada vez más decisiones, pero no reconoce, en la misma proporción, las consecuencias de esas decisiones. Se amplía la capacidad de decidir, pero se mantiene intacta —incluso se reduce— la exigencia de responder.
Ahí surge la contradicción estructural. Si el Derecho acepta que un adolescente puede comprender y decidir sobre aspectos fundamentales de su vida, no puede, al mismo tiempo, sostener que carece de la capacidad para responder cuando esas decisiones producen el daño más grave posible. La autonomía progresiva no puede ser selectiva, servir para ampliar derechos y desaparecer cuando se trata de asumir responsabilidad.
La solución no pasa por abandonar el modelo de justicia para adolescentes, sino por ajustas sus consecuencias a acciones dañinas que parecen multiplicarse. Así como la autonomía progresiva exige que la voluntad de las infancias sea escuchada y respetada, debe también traducirse en un incremento progresivo de la responsabilidad penal cuando los actos son voluntarios y conscientes. No todos los adolescentes están en el mismo nivel de desarrollo, y el Derecho debe reflejarlo, en especial, en casos extremos como el homicidio.
Esto implica ajustar el sistema para que, conforme el adolescente se acerca a la mayoría de edad y demuestra mayor comprensión del alcance de sus actos, las consecuencias jurídicas sean también más severas. No como una lógica de castigo, sino como una exigencia de coherencia: quien puede decidir, debe poder responder.
Con ello no sólo se fortalece la justicia frente a las víctimas —que, en muchos casos, también son otros adolescentes—, sino que se envía un mensaje claro al resto: la libertad no es un espacio de impunidad, sino un ámbito de responsabilidad.
El principio de autonomía progresiva ha sido clave para ampliar derechos. Es momento de que también sirva para exigir consecuencias. Las víctimas de estos hechos merecen justicia: si no puede ser plenamente reparadora, al menos debe traducirse en sanciones proporcionales que reconozcan la gravedad del daño y contribuyan a prevenir su repetición.
Un sistema que reconoce decisiones, pero niega consecuencias no forma personas libres: forma irresponsables jurídicamente protegidos.
*Presidente del Círculo Mexicano de Derecho y Libertad