México y la libre autodeterminación de los pueblos

La libre autodeterminación de los pueblos no es una consigna ideológica. Es un derecho humano reconocido por el derecho internacional. En nuestro orden constitucional, esta idea tiene un anclaje claro. El artículo 39 establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Para nosotros, soberanía popular y libre autodeterminación no pueden separarse: ambas expresan el derecho del pueblo a decidir su destino político y a ejercer el poder sin imposiciones externas ni secuestros internos. Así, tenemos dos garantías coexistentes. Por un lado, la no injerencia internacional: ninguna fuerza externa puede ni debe decirnos cómo gobernarnos, qué modelo político adoptar o quién debe dirigir nuestro destino. Por otro, el derecho de los mexicanos a decidir libremente su forma de gobierno, a sus gobernantes y su modelo de nación: nosotros, el pueblo, decidimos quién nos gobierna bajo los parámetros constitucionales existentes, sin manipulaciones, simulaciones y distorsiones del proceso democrático.

La autodeterminación —y con ella la soberanía popular— no son derechos de los gobernantes ni de quienes detentan un micrófono financiado con recursos públicos. En una democracia, ellos sólo son servidores. La autodeterminación y la soberanía son del pueblo, de todos los mexicanos. Y hoy enfrentan un peligro inminente. Por un lado, el escenario internacional. El aterrizaje de una aeronave extranjera en Toluca ha sido leído de formas opuestas: como una amenaza a la soberanía nacional y, al mismo tiempo, como un oasis para quienes consideran que el gobierno ha secuestrado el poder y que sólo una presión externa podría corregir el rumbo. Entre ambas lecturas hay un riesgo real. La intervención extranjera nunca es neutral: cuando aparece como salvación, suele convertirse en un espejismo que termina sustituyendo la voluntad popular por intereses ajenos.

Pero el riesgo más grave no viene de afuera, sino de adentro. Las señales internas no son alentadoras: una espuria sobre representación legislativa que distorsiona la voluntad electoral y permite a un partido hacer lo que quiera con la Constitución; legisladores presionados o amenazados para dar viabilidad a la llamada “reforma judicial”; escándalos de corrupción en los que se señala al denunciante y no al responsable; impunidad persistente; jueces promovidos mediante acordeones públicos; ministros parciales, incapaces incluso de conducir con claridad sus propias votaciones. A ello se suma la desarticulación del órgano encargado de garantizar la transparencia gubernamental y la creación de una comisión presidencial para una reforma electoral que, lejos de fortalecer la confianza pública, apunta a profundizar el control del oficialismo sobre los procesos electorales.

Todo esto configura un patrón claro. El derecho de autodeterminación está siendo asediado por dos vías: desde fuera, por quienes podrían invocar el debilitamiento institucional como pretexto para intervenir y, desde dentro, por un poder que ha erosionado los límites que hacían posible la decisión democrática. Durante años, el debilitamiento de reglas e instituciones fue tolerado bajo la premisa de que quien las rompía conservaba legitimidad para hacerlo sin consecuencias mayores. Bajo un caudillismo exacerbado ni la ley era la ley. Esa lógica es peligrosa. Cuando un gobierno normaliza el atropello institucional, no sólo debilita el Estado de derecho: establece un precedente que otros sin escrúpulos, con mayor capacidad de presión, pueden invocar después. La historia enseña que cuando los pueblos no exigen el respeto de sus derechos por la vía institucional, otros terminan invocándolos por la fuerza. Y ése suele ser el principio del fin de la soberanía real. La libre autodeterminación no se defiende con discursos ni con irrisorios llamados bélicos. Se defiende cuando el pueblo exige que su voluntad sea respetada, y cuando el gobierno atiende esa exigencia. Necesitamos fortalecer el INE, no debilitarlo; no necesitamos jueces profesionales e imparciales; necesitamos fiscalías mejor preparadas, mejores servicios de salud, educación y seguridad, rendición de cuentas y cero tolerancia a la impunidad. Sólo así podremos cantar en unidad el “más si osare” de nuestro Himno Nacional. Sólo así seremos una nación difícil de intervenir.

La alternativa es peligrosa. Un país dividido, con instituciones debilitadas y con una voluntad popular mancillada se vuelve más vulnerable frente a intereses externos. La fragmentación interna siempre ha sido la antesala de la injerencia ajena. La libre autodeterminación —y con ella la soberanía popular— se preserva cuando existe unidad en torno a reglas comunes, instituciones legítimas y procesos democráticos confiables. Si permitimos que ese derecho se diluya, no sólo perderemos la capacidad de decidir nuestro futuro: habremos abierto la puerta para que otros decidan por nosotros. Ayer, esto parecía una exageración; hoy, es una posibilidad real.