Más allá de la prueba PISA: el futuro que no estamos leyendo

México acaba de recibir unos resultados que deberían haber provocado una conversación nacional sobre educación. En matemáticas, sólo tres de cada diez estudiantes de 15 años alcanzaron el nivel básico de desempeño en PISA; en lectura y ciencias, apenas la mitad lo consiguió. Más preocupante todavía: 41.8 por ciento de los estudiantes mexicanos se encuentra por debajo del nivel básico en las tres áreas evaluadas.

Son cifras que deberían obligarnos a detenernos. No porque PISA sea una medición perfecta —no lo es—, ni porque el desempeño de un país pueda reducirse a una tabla de posiciones. Su valor está precisamente en que permite comparar sistemas educativos y detectar problemas que después deben explicarse con mayor profundidad. Y el problema que aparece en la fotografía de México es demasiado grande como para desestimarlo por las imperfecciones de la cámara.

Sin embargo, buena parte de la discusión pública ha tomado otro camino. En lugar de concentrarnos en nuestros estudiantes, el Gobierno y diversos actores políticos se han enfocado en cuestionar la representatividad de la prueba o en repartir culpas: el peso de la pandemia, las condiciones del país y la responsabilidad de las pantallas.

Aunque algunas de estas consideraciones son pertinentes —la pandemia provocó una disrupción profunda y los dispositivos pueden afectar la concentración—, el problema aparece cuando dejan de ser elementos para interpretar el diagnóstico y se convierten en argumentos para evitarlo. México no descubrió sus carencias educativas con esta edición de PISA; la pandemia pudo agravarlas, pero no las creó, y los celulares pueden distraer, pero no explican por sí mismos por qué una proporción tan importante de estudiantes no alcanza competencias básicas. Tampoco sería serio atribuir automáticamente el resultado a la Nueva Escuela Mexicana, pues los jóvenes evaluados no cursaron toda su trayectoria bajo ese modelo.

Lo que sí sabemos es que el sistema educativo mexicano sigue teniendo un grave problema de aprendizaje. Y frente a ello, lo mínimo que debería esperarse de la autoridad responsable es una respuesta proporcional a la dimensión de la crisis.

Ahí es donde la actuación de la Secretaría de Educación Pública resulta particularmente desconcertante. Que una maestra baile durante una conferencia o que el secretario Mario Delgado atribuya parte del deterioro en comprensión lectora al uso de pantallas no sería, por sí mismo, motivo de escándalo. Lo incomprensible es que, frente a uno de los diagnósticos educativos más preocupantes de los últimos años, la respuesta institucional parezca haberse quedado ahí.

La SEP debería estar haciendo algo mucho más difícil que encontrar una explicación: presentar un diagnóstico propio, reconocer las fallas que identifica en el sistema, explicar qué medidas piensa adoptar y establecer cómo evaluará si funcionan. Si el Gobierno considera que PISA no refleja adecuadamente la realidad mexicana, tiene todavía más razones para mostrar sus propios datos y explicar con qué indicadores está midiendo el aprendizaje. Una autoridad educativa no puede limitarse a cuestionar el diagnóstico; tiene que explicar qué hará con aquello que los datos revelan.

Porque incluso si mañana desapareciera PISA, el problema seguiría intacto en las aulas.

Tampoco sería suficiente convertir el resultado en una acusación contra la Nueva Escuela Mexicana. Eso puede ser políticamente atractivo, pero no resuelve el fondo. México ha tenido reformas de distintos signos políticos y ninguna ha conseguido cerrar de manera sostenida la distancia entre estar escolarizado y aprender. Cada administración modifica planes y metodologías mientras millones de estudiantes atraviesan el sistema sin que exista continuidad suficiente para saber qué funciona, qué no y qué debe corregirse.

Ésa es la discusión que deberíamos recuperar. Durante años hemos medido el éxito educativo principalmente por la cantidad de jóvenes que ingresan y permanecen en las escuelas. Es un indicador indispensable, pero insuficiente. Una escuela puede tener más alumnos, más años de escolaridad y mayor cobertura y, al mismo tiempo, no conseguir que esos estudiantes desarrollen las capacidades fundamentales para su vida adulta.

El resultado de PISA obliga precisamente a hacer esa distinción. El desafío ya no es sólo conseguir que los jóvenes estén dentro del sistema; es asegurarnos de que salgan de él sabiendo leer, comprender, argumentar, resolver problemas e interpretar información.

Y esto trasciende por mucho al salón de clases. Un joven que tiene dificultades para comprender un texto enfrenta una desventaja que no termina cuando sale de la escuela. Tendrá más dificultades para distinguir información de propaganda, evaluar una noticia, entender un contrato o tomar una decisión financiera. Quien no desarrolla capacidades matemáticas básicas tendrá menos herramientas para desenvolverse en una economía cada vez más compleja. Y quienes reciben una educación deficiente son, con frecuencia, quienes menos posibilidades tienen de compensarla después.

También sería un error pensar que todo son malas noticias. PISA muestra algunos indicadores positivos y México ha conseguido ampliar la participación educativa de jóvenes que históricamente habían quedado fuera del sistema. Hay estudiantes que mantienen una relación positiva con sus profesores y muestran disposición para aprender. Precisamente por eso no necesitamos una narrativa de desastre, sino una política educativa capaz de distinguir entre lo que funciona y lo que no.

Por eso el debate educativo debería ser mucho más incómodo de lo que ha sido hasta ahora. No se trata de decidir si el Gobierno, la oposición, los celulares o la pandemia son los culpables. Todos esos factores pueden formar parte de una explicación, pero ninguno sustituye la responsabilidad del Estado de garantizar que sus estudiantes aprendan. Podemos debatir las limitaciones de la prueba o los aciertos del modelo actual, pero lo que no debería estar sujeto a discusión es que un porcentaje demasiado alto de nuestros jóvenes no alcanza aprendizajes básicos.

Al final, la pregunta no es si PISA trató injustamente a México. La pregunta es qué tan injustos estamos siendo nosotros con una generación de jóvenes si, después de conocer estos resultados, dedicamos más tiempo a discutir la prueba que a discutir cómo mejorar su futuro.

Porque el problema no es sólo lo que PISA nos está diciendo sobre nuestros estudiantes. Lo verdaderamente preocupante es que estamos leyendo sus resultados como una disputa política cuando deberíamos estar leyéndolos como una advertencia sobre cómo estamos educando a las nuevas generaciones.