La última gran batalla
A pesar del fracaso del plan A, el B y el C, el gobierno ha vuelto a manifestar su interés sobre una reforma electoral, y parece que la determinación es mayor.
Por Arturo Espinosa Silis
X: @espinosasilis
La reforma electoral que se prepara, probablemente, será la última batalla que podamos dar en defensa de nuestra democracia. En los últimos años, desde la ciudadanía, se han dado importantes luchas en contra de propuestas gubernamentales; algunas se han ganado y otras se han perdido, como fue el caso de la reforma al Poder Judicial o la desaparición de los órganos constitucionales autónomos. Distinto ha sido el caso de las reformas electorales, pues en las calles se ha defendido la autonomía del INE, y ante la Suprema Corte también se logró invalidar una reforma que minaba fuertemente a las elecciones libres y auténticas.
Sin embargo, a pesar del fracaso del plan A, el B y el C, el gobierno ha vuelto a manifestar su interés sobre una reforma electoral, y parece que la determinación es mayor, pues, incluso ya se creó una comisión gubernamental para preparar la propuesta. Aunque no existe mucha más información al respecto.
El contenido de la reforma todavía no se tiene definido, aunque se han esbozado algunos temas como son: la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, la eliminación de las diputaciones y senadurías plurinominales, el abaratamiento del costo de las elecciones y la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales conocidos como OPLES. El mensaje parece claro, debilitar el multipartidismo y acotar lo más posible a la autoridad electoral.
Una reforma electoral versa sobre las reglas de acceso al poder, y a diferencia de las reformas constitucionales aprobadas en los últimos meses, la importancia de que esta reforma muestre un consenso amplio por parte de todas las fuerzas políticas, incluso de la sociedad civil, es mayúscula, pues de ello dependerá la legitimación y legitimidad de las futuras elecciones y de quienes resulten electos en ellas. Imponer desde el gobierno una reforma de esta naturaleza podría poner en riesgo la construcción de la gobernabilidad actual y futura, además de generar una crisis de credibilidad democrática.
A pesar de que el oficialismo cuenta con la mayoría suficiente para aprobar la reforma que mejor le convenga, lo cierto es que para un gobierno que se dice democrático y respetuoso de las libertades, la imposición de nuevas reglas de juego que den pie al debilitamiento del sistema electoral, poniendo en riesgo la permanencia de las fuerzas políticas de oposición y la autonomía de la autoridad electoral, sólo confirmaría los dichos que tanto han buscado desmentir de que México va camino a convertirse en una autocracia. Estas aseveraciones no siempre han sido vacías, pues en muchos estudios sobre el estado de la democracia, esto ya se comienza a estudiar.
Es aquí en donde la reforma electoral podría ser la última gran batalla que tenga la oposición y la ciudadanía para evitar que el gobierno se haga el control absoluto de la estructura estatal y, aunque pareciera que en los hechos ya es así, lo cierto es que mientras las reglas del juego y las instituciones sigan en pie, siempre es posible regresar al estado democrático que algún día fue, para retomar su construcción y consolidación.
