La reforma a la Ley de Telecomunicaciones: olvidamos y juzgamos

Por Martín Yeshuá Barragán Cruz

El problema es cuando hay leyes y no se aplican con procesos claros, civiles y democráticos.

La tan sonada reforma a la Ley de Telecomunicaciones lleva semanas con el candente debate que es necesario y forma parte de la democracia, despertando inquietudes, en algunos casos genuinas, en otros casos alarmistas y desinformadoras. Esto no es espontáneo o casual, vivimos en un país donde el uso del poder ha sido históricamente abusivo, y donde las heridas del espionaje ilegal siguen abiertas. Por eso, es comprensible que haya diversas preocupaciones como la posible vigilancia masiva a ciudadanos sin control judicial, la capacidad del gobierno para intervenir señales o bloquear comunicaciones y el riesgo de que se vulneren principios como la neutralidad de la red.

Basados en la historia de nuestro país, organizaciones sociales, periodistas y académicos temen que esta reforma sea un paso hacia un modelo de régimen autoritario.

No olvidemos que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto —sin necesidad de leyes o reformas—, el Estado mexicano utilizó el software denominado Pegasus para espiar a activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y hasta opositores políticos. Esto en lo oscurito, con un marco legal claroscuro sin rendición de cuentas —resalto—, no hubo ley que lo autorizara de manera expresa: hubo poder ilimitado, como resultado ¿qué pasó?: lo que no estaba regulado, se torció.

En este debate la memoria corta hace de las suyas. El problema no está en la creación de nuevas leyes o reformas. El verdadero problema es cuando no las hay o cuando no se aplican con procesos claros, civiles y democráticos. La ausencia de reglas permite el abuso. La opacidad institucional no necesita reformas para violar derechos, como lo demostró el caso Pegasus.

En este momento la Cuarta Transformación, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a cargo de José Antonio Peña Merino, tiene una oportunidad única: corregir ese vacío. Y es muy importante tener sensibilidad de todos los actores, que no se trata de dar un cheque en blanco al gobierno ni de justificar cualquier intervención en nombre de la seguridad —esto sería desastroso para la izquierda—. Se trata de construir un marco que garantice el acceso  democrático y equitativo a la tecnología, regule con transparencia y limite el poder del gobierno mediante contrapesos judiciales, sociales y democráticos.

No debemos perder de vista que en 2025 con grandes avances tecnológicos en México el acceso a internet sigue siendo un privilegio en amplias regiones del país. Las grandes empresas de telecomunicaciones no han llevado conectividad a las comunidades más pobres, porque no es rentable —no porque no los dejen—. Con esta ley, el Estado está actuando para cerrar la brecha digital y evitar que siga profundizando las desigualdades. De no hacerlo estaría siendo parte de lo que denominó una violencia estructural.

El reto es exigir que se avance en la creación del reglamento que dé certeza a la población y que pongan en el blanco alcances y limitaciones, se corrijan sus riesgos, pero no se renuncie a los objetivos. Que se incluyan mecanismos de salvaguarda sólidos contra la vigilancia arbitraria. Que se asegure el respeto a los derechos humanos. Y que haya supervisión colegiada, independiente y muy necesaria rendición de cuentas.

La izquierda mexicana no puede ignorar las advertencias ni repetir errores del pasado. Pero tampoco puede permitir que el miedo paralice la transformación. Si queremos que la tecnología sirva al pueblo y no al mercado ni al poder sin rostro, debemos atrevernos a legislar con justicia, con vigilancia ciudadana, y con memoria histórica.

Porque la peor vigilancia es la que ocurre cuando nadie está mirando. Y el peor abandono es dejar al pueblo sin voz ni conectividad.