La justicia que no llega

Por Francisco Robles Berlanga

Desde 2009, la seguridad ciudadana y la prevención social del delito emergieron en México como el paradigma contrapuesto a la estrategia de combate del delito, mediante el uso de la fuerza del Estado. Varios años después, con un legado que ha dejado cientos de miles de muertes, decenas de miles de desaparecidos y un sinnúmero de fosas clandestinas, el reclamo de la sociedad y principalmente de los familiares de las victimas es: justicia.

Esa fue la exigencia desde el primer foro para alcanzar la paz. En ellos, la propuesta de amnistía encontró un fuerte rechazo, toda vez que no ofrece a las víctimas de la delincuencia la justicia tan anhelada como postergada, tampoco el conocimiento de la verdad, la reparación del daño ni condiciones de no repetición de los hechos, menos les ofrece medidas para lidiar con la pérdida, el dolor y el miedo. A pesar de los esfuerzos que ha representado la transición hacia un sistema penal garantista que pudiera ayudar a despresurizar esos reclamos, el nuevo modelo acusatorio se encuentra en entredicho. A nivel de tierra, el acceso a la justicia parece imposible. Los ciudadanos no perciben cambios con relación al anterior modelo inquisitorio.

Al menos cuatro factores inciden en ello, uno es el abuso de la prisión preventiva oficiosa impuesta sin importar la gravedad del delito, tal como lo señaló Héctor Gutiérrez de la Garza, el uso de la prisión preventiva “representa un aparente —pero espontáneo— éxito de la investigación, retrasando la famosa “puerta giratoria”, sin embargo, no produce justicia, al contrario, resulta, en muchos de los casos, violatoria de dos principios que distinguen al nuevo modelo acusatorio: la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso, resultando su aplicación indebida, exorbitada, injusta y costosa.

Otro factor son los niveles de impunidad que prevalecen en el país, el 93.2% de los delitos no se denuncian, ya sea por desconfianza, por temor a sufrir represalias o por considerarlo una pérdida de tiempo. Pero, también, esa impunidad es resultado de la falta de capacidades institucionales y por la corrupción. De acuerdo con México Evalúa, estos factores generan un alto grado de arbitrariedad en la toma de decisiones, lo que provoca niveles de impunidad en el Sistema de Justicia Penal del 94.6 por ciento. De lo anterior da cuenta claramente Francisco Javier Martínez, al señalar que el objetivo que se propuso el actual gobierno es abatir la impunidad y la cifra negra delictiva. Sin embargo, dichos propósitos no necesariamente caminan de la mano con el espíritu garantista del nuevo modelo penal, lo que debe llevar a una reflexión más amplia.

Un tercer factor es la condición periférica o de “frontera” de muchos barrios o comunidades que impide a sus habitantes acceder a la justicia, ya sea por la ausencia de las instituciones judiciales o por encontrase la población en un estado de hostilidad o desconfianza con ellas. La falta de presencia del Estado para regular los conflictos lleva a los ciudadanos que en ellos viven a valerse de la vigilancia parapolicial o de la justicia por propia mano.

Finalmente, a ello se suma el poco valor que la población le otorga a la ley. En el imaginario colectivo se encuentra fuertemente instalada la creencia de que las leyes son injustas, fueron elaboradas para favorecer a los más fuertes o no sirven porque no se aplican o no hay quien las haga valer.

Tal como señala Aguilar Camín, a la construcción de este imaginario ha contribuido significativamente la falta de consenso sobre el contenido de las leyes, sin importar si estas emanan de procesos formales. Siempre existe la posibilidad de evadir la ley en lugar de obedecer su mandato. La ley es negociable y siempre maleable.