La independencia del Poder Judicial en México

Por: Juan Carlos Machorro *

El mes de septiembre pasado fue dado a conocer el documento titulado Diagnóstico sobre la Independencia del Sistema Judicial Federal por parte del Lawyers Council for Civil and Economic Rights del Cyrus R. Vance Center for International Justice de la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Barra Mexicana Colegio de Abogados, como parte del proyecto de fortalecimiento de la judicatura independiente, con el apoyo de la Fundación Tinker.

Este diagnóstico revela un franco deterioro, durante la presente administración, al principio de respeto a la independencia del Poder Judicial, elemento sine qua non en la persecución del Estado de derecho. En efecto, la profesionalización y la carrera judicial que se habían logrado en México a partir de la reforma judicial del año 1994 y que habían sido ejemplo en la región latinoamericana, han quedado de lado y el Poder Judicial Federal se ha convertido en el blanco de una campaña de ataques desde el Poder Ejecutivo, afectando seriamente su independencia y legitimidad.

El estudio refiere una violación clara y franca a tres principios fundamentales relativos a la independencia del Poder Judicial y el equilibrio de Poderes contenidos en los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura adoptados por las Naciones Unidas (Milán, 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985), confirmados por la Asamblea General en noviembre y diciembre de 1985.

En primer lugar, se detecta una clara violación al respeto que deben las instituciones de gobierno hacia la independencia de la judicatura. En efecto, este principio básico afectado en México determina que: “La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”.

El segundo principio vulnerado se refiere al ejercicio de la función judicial basada en la ley y no en presiones externas; en este sentido los principios indican que: “Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.

Finalmente, y no menos importante, el diagnóstico detecta peligrosos intentos por politizar la justicia, respecto de lo cual los principios señalan lo siguiente: “El principio de la independencia de la judicatura autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes”.

Aunque es natural la tensión entre Poderes en los distintos países, la interferencia con el Poder Judicial ha sido una constante durante el mandato del Presidente de la República, sobre todo desde el Poder Ejecutivo, pero también de gobernadoras y gobernadores, y de funcionarios afines, cada vez que la función judicial no favorece a los intereses del régimen o su agenda de gobierno.

Cabe recordar que en distintas ocasiones, sobre todo en fechas recientes, la molestia del Poder Judicial y funcionarios afines y la incorrecta interferencia con el actuar del Poder Judicial Federal, derivan del actuar judicial frente a un deficiente trabajo legislativo.

Esto representa no solamente un ataque a la independencia judicial en abstracto, sino una vulneración al Estado de derecho y a los compromisos internacionales del Estado Mexicano que, es necesario señalarlo, podría resultar en responsabilidad para el mismo, así como a la garantía del debido proceso y otros derechos humanos, de manera que las ciudadanas y ciudadanos puedan acceder a una administración de justicia imparcial y sin sesgos.

El Vance Center señala con claridad que, si los operadores de justicia se ven amenazados en su actuación por cualquier influencia interna o externa, la justicia va a funcionar de manera defectuosa, parcializada y esto tendría graves implicaciones sobre los derechos de las personas que acuden a ella para la defensa de los mismos.

La independencia judicial es una condición esencial para que las y los jueces puedan llevar a cabo su trabajo con objetividad e imparcialidad, en beneficio directo de los ciudadanos que acudimos a los tribunales en búsqueda de justicia y de quienes aspiramos a un mejor país en el que se cumpla la ley y se respete el equilibrio de Poderes.

Es este un tema que no podrá soslayarse y deberá incluirse en la larga lista de pendientes y retrocesos que heredará la próxima presidenta de la República.

* Abogado líder de la práctica transaccional