Infonavit ético y austero

Por Carlos Martínez Velázquez

“Está ajustadísimo, a ver cómo le haces", concluyó uno de los funcionarios salientes del Infonavit en una de las reuniones del equipo de transición, en los últimos meses de 2018. Se refería al proyecto presupuestal 2019 del Instituto que, según su opinión, “cumplía con el mandato legal de no sobrepasar el 0.55% del total del Fondo de Vivienda, no había aumentado en términos reales respecto al del 2018 y se había hecho lo mejor posible para ajustarlo".

En los días siguientes revisamos el presupuesto y nos dimos cuenta de que hacer “lo mejor posible” siempre depende del objetivo y las prioridades presupuestarias. El gasto de operación del Infonavit, efectivamente, estaba “ajustadísimo” para aquellos que pretenden gastar discrecionalmente, multiplicar el número de proveedores allegados y hacer negocios privados con bienes públicos. La primera revisión del documento nos permitió confirmar que ésa fue la lógica de gasto por muchos años: 90% del presupuesto anual se ejercía en adjudicaciones directas, en horas de vuelo en aviones privados, camionetas caras, pagando a proveedores emparentados con los exfuncionarios, gestores leoninos, etcétera.

Nuestros objetivos y convicciones son muy distintas. El Infonavit es una institución de seguridad social que es patrimonio de los mexicanos y nuestro mandato en términos de gasto es hacer más con menos, teniendo siempre a las y los trabajadores al centro de nuestras decisiones. El gobierno de la Transformación tiene, además, el mandato de operar con nula tolerancia a la corrupción, a los conflictos de interés y al despilfarro.

Para ello, tuvimos que modificar radicalmente tres ámbitos de nuestra operación: la política de adquisiciones, la estructura administrativa y la relación del Instituto con el sector de la vivienda.

La nueva política de adquisiciones permitirá al Infonavit tener los bienes y servicios necesarios para su operación bajo las mejores condiciones, por la vía preferente de procesos competidos y acotando la discrecionalidad. Además, publicamos el nuevo Código de Ética que, por primera vez, define y tipifica conductas de posible corrupción y prevención del conflicto de interés en todos los niveles. El resultado es un ahorro de 5 mil millones de pesos sólo en 2019 y el aumento en cuatro veces del monto de presupuesto licitado, todo ello sin afectar la operación del Instituto.

A la par de hacer más eficiente el Infonavit, impulsamos una reorganización que hoy está plasmada en el nuevo Estatuto Orgánico que define de mejor manera los roles y las responsabilidades de cada una de las áreas. Éstas dejaron de concebirse como unidades separadas y hoy entrelazan sus funciones desde una perspectiva de procesos, para atender cada vez mejor a los trabajadores. Cumplimos con el mandato del presidente López Obrador de impulsar la austeridad como valor de la vida pública.

Hicimos importantes modificaciones a nuestro trato con el sector de la vivienda. Esta actividad ha experimentado cambios vertiginosos en el esquema regulatorio y su relación con las instancias gubernamentales. Hasta 2018, la vivienda económica nueva que se vendía a través de los organismos nacionales (Infonavit y Fovissste) recibía un subsidio que funcionaba como complemento a los créditos para una vivienda de mayor valor. Esto se eliminó del Presupuesto 2019 y 2020. Este esquema tenía dos efectos perniciosos: viviendas inútiles producidas en serie —no sorprende que 40% de las viviendas abandonadas de 2007 a 2018 fueran vendidas con este subsidio—; y un incremento de hasta 27% en el precio de la vivienda subsidiada. Es decir, todos los incentivos de esta política implicaron una afectación al ahorro de los trabajadores y un menor bienestar social.

La expansión y el posterior abandono de la vivienda generaron presión en los indicadores financieros del Infonavit. Como respuesta se activaron los llamados “juicios masivos” y las “subastas de cartera”. Con los primeros se buscaba acelerar la adjudicación de viviendas y con el segundo venderla a terceros para su rehabilitación y reventa. Ambos mecanismos se realizaban con despachos externos y generaron pérdidas netas para el fondo y ganancias fuera de lo normal para estos despachos. Sólo de los juicios, el sexenio pasado se erogaron 36 mil millones de pesos, muchos de los cuales acabaron siendo objeto de casos de corrupción, como el caso de Nayarit, que ya ha llevado a personas a la cárcel. Por ello, cancelamos ambos procesos desde diciembre de 2018.

Para corregir de fondo este problema actuamos en dos vías. Por el lado del otorgamiento de créditos, elevamos el monto máximo de financiamiento en línea con el aumento al salario mínimo, se crearon esquemas flexibles del uso de la cuenta de vivienda y, en conjunto con la Sedatu, se fortaleció el uso de medidas de contención urbana y se prohibió construir en zonas de riesgo. Por el lado de recuperación de cartera, estamos diseñando reestructuras acordes a la capacidad de pago de las familias, esquemas de condonación de deuda y acciones de mediación, con lo que se evitarán procesos legales. En suma: el Infonavit ya no busca generar créditos que no serán utilizados por las familias.

Los cambios que implementamos nacen de la convicción de que una casa no es una simple mercancía: es la garantía de un derecho y el habilitador del ejercicio de otros derechos. Hoy, la labor del Infonavit se transforma en beneficio de los trabajadores y del país; al amparo de la legalidad y la justicia. Sin corrupción y con reglas claras haremos más con menos, para quien realmente lo merece y más lo necesita.

Asimismo, sentamos las bases para el sano desarrollo del sector vivienda, el cual tendrá la oportunidad histórica de ser uno de los motores de recuperación económica ante el choque económico global causado por la pandemia del covid-19.