El anillo de Giges y la democracia electoral
El voto es libre, secreto y anónimo; el candidato electo desconoce quién le otorgó el poder y el votante tampoco asume responsabilidad por el comportamiento de su representante.
Por Julián LeBaron
En La República, Platón introduce el mito de Giges, un pastor que encuentra un anillo que le otorga el poder de la invisibilidad. Al verse libre de consecuencias, comete actos atroces: seduce a la reina, asesina al rey y usurpa el trono. Este relato sirve como una alegoría filosófica para cuestionar si la justicia es un valor intrínseco o simplemente una herramienta para mantener el orden social.
Este mito resulta pertinente al analizar la democracia electoral contemporánea. El voto es libre, secreto y anónimo; el candidato electo desconoce quién le otorgó el poder y el votante tampoco asume responsabilidad por el comportamiento de su representante. Se delega autoridad sin consecuencias ni compromiso, lo que puede derivar en abusos similares a los cometidos por Giges, ahora revestidos de legitimidad institucional. Aunque la democracia electoral es celebrada como el pináculo de la organización política, la historia reciente muestra su fragilidad. En el siglo XX, regímenes electos democráticamente fueron responsables de más de 200 millones de muertes en todo el mundo. En México, este modelo ha sido elevado al rango de dogma incuestionable: un supuesto “contrato social” impone obediencia a toda la población, aunque sólo una minoría participe en las elecciones. Basta la mayoría de esa minoría para exigir lealtad de toda la nación.
Este diseño ha derivado en una estructura autoritaria disfrazada de democracia. El Poder Judicial, lejos de garantizar justicia, perpetúa la impunidad: en México, casi 100% de los homicidios quedan sin castigo. El contrato social, como fundamento legal y ético, pierde validez cuando quienes lo suscriben no lo hacen libremente ni en condiciones de igualdad ni con un verdadero conocimiento o beneficio.
Además, quienes participan —incluidos funcionarios públicos, beneficiarios de programas sociales o individuos con intereses creados— lo hacen con posibles conflictos de interés. Así, una élite se autoproclama representante del pueblo, se apropia del discurso democrático y, al igual que Giges, actúa sin escrutinio, utilizando al ciudadano como un medio para sus fines personales o partidistas.
En este contexto, es urgente cuestionar los supuestos de legitimidad democrática y repensar las bases del contrato social, antes de seguir repitiendo un modelo que ha demostrado ser funcional para el poder, pero destructivo para la justicia, la fraternidad y la convivencia.