Por Jaime Rivera Velázquez
En 1998, Hugo Chávez ganó la elección presidencial de Venezuela con la promesa de acabar con los privilegios y la corrupción. Despertó entusiasmo en muchos y esperanza de redención entre millones de pobres, quienes sentían que la prosperidad ofrecida por la riqueza petrolera no les había llegado. Desde su primer año de gobierno Hugo Chávez mostró su talante: reparto de dinero a los desheredados y ferviente discurso nacionalista; desprecio a la Constitución, a la que cambió de tajo por medio de una Asamblea Constituyente elegida mediante reglas que otorgaron al chavismo una sobrerrepresentación abrumadora; sustitución de la Corte Suprema de Justicia por un nuevo Tribunal Supremo, al que paulatinamente fue capturando; dicterios y descalificaciones contra toda la oposición; hostilidad a la prensa y los medios electrónicos; además, intervino directamente en el manejo de la empresa petrolera estatal (PDVSA), que gozaba de autonomía de gestión y sostenía con sus ingresos la mayor parte del gasto público nacional. La sociedad venezolana se polarizó como nunca. A muchos ciudadanos les preocupaban los cambios acelerados y los discursos incendiarios del chavismo, pero millones de personas se sentían contentas con las subvenciones que el gobierno repartía con largueza.
Mal que bien, los pobres estaban mejorando sus ingresos. Pero apenas unos cuatro o cinco años después, se observó que otros se estaban convirtiendo de pronto en millonarios: ministros del nuevo gobierno, jefes militares, líderes del partido oficial, familiares de políticos y empresarios allegados a la élite del poder. A esa nueva capa político-empresarial, que se proclamaba bolivariana, se le empezó a conocer como la “boliburguesía”. ¿Cómo se produjo tan rápidamente ese fenómeno de corrupción extendida y habitual? Casos de corrupción hay en casi todos los gobiernos del mundo, y en la Venezuela democrática anterior al chavismo (1959-1998) se habían conocido con frecuencia. Pero lo que se observaba en el régimen chavista era diferente: no se trataba de casos individuales de deshonestidad, sino de prácticas engarzadas en el funcionamiento mismo del gobierno.
Giulio Sapelli, en su libro Cleptocracia (1994), explica las condiciones que pueden convertir la corrupción en una trama de relaciones estructurales y sistemáticas. La clave de la corrupción sistémica, que puede llegar al extremo de cleptocracia (gobierno de ladrones) reside en cambios institucionales orientados a concentrar el poder sin límites. Con el argumento de remover obstáculos que dificultan el cambio político necesario, se debilitan los controles y contrapesos del poder, y así se incrementa la probabilidad de conductas ilegales e impunes; un caudillo fuerte puede subordinar al Poder Legislativo y capturar al Poder Judicial; sin una fiscalización eficaz, los recursos públicos se manejan con discrecionalidad y opacidad; la burocracia profesional pierde autonomía técnica y los cargos de la administración se reparten entre los leales; se forman redes político-empresariales para sesgar en su interés particular las contrataciones de compras y obras públicas.
Todo eso ocurrió en forma creciente bajo el chavismo. A ello Chávez añadió más tarde numerosas expropiaciones y empresas estatales cuya administración la entregaba a las Fuerzas Armadas. El efecto de esa política fue doble: las empresas fueron menos eficientes que las privadas y muchos oficiales y altos mandos militares se corrompieron. La empresa petrolera PDVSA, que antes tenía una administración autónoma y podía asociarse con compañías privadas, tras el desplazamiento de directivos y de muchos especialistas se convirtió en botín de políticos ineptos y voraces. Todo eso se conjugó para causar el declive de la producción. La falta de transparencia y de contrapesos propició la corrupción y la impunidad. La economía venezolana se fue a la ruina mientras los gobernantes exprimían al gobierno como su patrimonio particular.
El proceso que llevó a Venezuela a la corrupción sistémica tiene semejanzas preocupantes con la evolución reciente de México. (Llama la atención la simpatía manifiesta del gobierno mexicano hacia el chavismo). Los recientes cambios institucionales han reconcentrado el poder a niveles anteriores a la transición democrática; los poderes Legislativo y Judicial están subordinados al Ejecutivo y su partido; los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas están debilitados o extintos; la impunidad de los allegados aumenta los incentivos para cometer peculado, tráfico de influencias y otros delitos.
Los escándalos de corrupción y de enriquecimiento ilícito no parecen casos de inmoralidad individual, sino productos de la nueva configuración del poder político. Si este proceso de degradación continúa, ¿cómo habrá que denominar a los nuevos millonarios mexicanos al amparo del poder? ¿Moreburgueses?