La OEA en Guatemala: anticipándose a un velado golpe de Estado

Por Rubén M. Perina*

Tras los comicios presidenciales del 25 de junio pasado, los candidatos perdedores, representantes del oficialismo/establishment de la “derecha” guatemalteca, iniciaron acciones judiciales (fuera de tiempo y forma e ilegales), vía el Ministerio Público/Fiscalía General, destinadas a cuestionar y modificar los resultados, prevenir la oficialización de los mismos e inhabilitar a unos de los contendientes de la segunda vuelta del 20 de agosto. Un intento de golpe de Estado, velado de supuesta legalidad, que pretende alterar el proceso electoral.

La politización de la justicia y la judicialización del proceso intentó quitar del segundo puesto a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, o, en su defecto, proscribir su candidatura para la segunda vuelta. Su candidatura obtuvo 11.7% de los votos, detrás de Sandra Torres (UNE), quien logró 15.8%, y de los votos nulos, que alcanzaron 17 por ciento. Unos resultados —no previstos por las encuestas— que preocupan al establishment guatemalteco por la supuesta intención de Arévalo de atacar la corrupción y la impunidad; algunos sospechan que quiere restituir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Notemos que el gobierno de EU designó en mayo de 2022 a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, como persona corrupta e inhabilitada para obtener visa de ingreso.

Ante las amenazas a la integridad del proceso electoral, Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y Uruguay convocaron una sesión del Consejo Permanente de la OEA el 26 de julio. Requerían la presencia del jefe de la Misión de Observación Electoral (MOE/OEA), el excanciller paraguayo Eladio Loizaga; de la presidenta de la CIDH, Margarette Macaulay, y de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma E. Palencia.

Los tres exponentes detallaron las denuncias y recursos legales para revisar actas y escrutinios y, así, detener la oficialización de los resultados, los intentos de suspender la personería jurídica del Movimiento Semilla por supuestas irregularidades en su registro de partidarios, así como el allanamiento de las oficinas del Registro de Ciudadanos del TSE. Coincidieron en que tales actos ignoran la normativa electoral y el carácter supremo y de rango constitucional del TSE, erosionan el Estado de derecho y los derechos humanos, y empañan el proceso electoral hacia la segunda vuelta.

La mayoría de los Estados miembros manifestó su preocupación por los empeños de subvertir la voluntad popular. La representante de Guatemala, embajadora Rita Claverie de Sciolli, reiteró el compromiso de su gobierno por la seguridad e integridad del proceso electoral, su respeto por la división de poderes y su aceptación de los resultados certificados por el TSE y ratificados por la Corte de Constitucionalidad, e informó al Consejo que su gobierno había invitado al secretario general, Luis Almagro, a visitar el país para apreciar la situación in situ.

Almagro informó al Consejo que en su visita (1-4 de agosto) se reunió con el presidente Alejandro Giammattei y con todos los poderes del Estado, y que éstos le expresaron su compromiso de que la segunda ronda se realizará con los dos candidatos ya certificados, se respetarán los resultados y se entregará el poder el 14 de enero (veremos). También relató que varios protagonistas manifestaron su preocupación por la judicialización del proceso para inhabilitar a Arévalo; confirmó, asimismo, la presencia de la OEA para los comicios y para el periodo de transición hasta la asunción del nuevo mandatario.

El accionar del Consejo Permanente y del secretario general reafirmó, una vez más, la validez de la OEA como el principal foro multilateral de las Américas para la defensa de la democracia, y de la Carta Democrática para prevenir la ruptura del orden democrático. Ello, a pesar de las diferencias ideológicas en su seno (como destacó el embajador de Uruguay, Washington Abdala) y de recientes críticas por parte de Argentina, Bolivia, México, Nicaragua y Venezuela por supuesto anacronismo e “injerencia” en procesos electorales de los países miembros. Se demostró así el compromiso colectivo y la preocupación por asegurar la integridad electoral y por proteger la democracia; y sobresale el apoyo manifestado a la MOE/OEA, que apuntala su vigencia —particularmente cuando algunos estados han cuestionado su supuesta injerencia en las elecciones de Bolivia en 2019, pero cuya actuación, en realidad, evitó un autogolpe de Evo Morales.

Es de advertir que, a pesar de la “intervención benigna” de la OEA a favor de la democracia, lo que, en última instancia, salva a ésta es la valentía y el compromiso de la dirigencia política y de la ciudadanía con los valores, las prácticas y las instituciones democráticas.

*Analista internacional y exfuncionario de OEA