El cumplimiento del derecho a la alimentación para la niñez y adolescencia en México muestra avances y retos

Por Mauro Brero

• UNICEF reconoce el esfuerzo del Senado por los avances en la Ley General de Alimentación Adecuada y hace un llamado a las y los diputados para que se sumen a los Senadores en su aprobación.

El derecho a la alimentación suele pensarse como el derecho que tenemos todas y todos a tener alimentos suficientes. Sin embargo, hoy en día el problema de la alimentación reside más en la calidad de los alimentos que en la cantidad, por ello, mundialmente se implementan políticas públicas para mitigar no sólo la desnutrición y obesidad, sino las dietas poco saludables.

En México, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut Continua 2020-2022) alrededor de 12 millones 877 mil 497 niñas, niños y adolescentes presentan algún grado de sobrepeso y obesidad. El problema inicia antes de los cinco años afectando a 7.8% de esta población y se agudiza en etapas posteriores, 37.3% entre las y los niños escolares, y 41.1% entre las y los adolescentes.

Aunque se sabe que el exceso de peso es de origen multifactorial, actualmente existe suficiente evidencia científica que muestra la asociación entre el consumo de productos ultraprocesados y la ganancia de peso, entre otros daños a la salud, como enfermedades cardiovasculares, cáncer, depresión y, en general, mortalidad.

México se encuentra, desde hace varios años, en el ranking de los primeros lugares en obesidad, tanto en adultos como en niñas, niños y adolescentes. Este último es el grupo poblacional en condiciones de mayor vulnerabilidad, pues consume más productos ultraprocesados y menos comida natural o fresca, lo que traerá consecuencias para ellos, sus familias, comunidades y la sociedad en general en el corto, mediano y largo plazos. Más de un tercio de las niñas, niños y adolescentes en este país se han visto afectados por esta pandemia, algo que es insostenible.

En 2004, la Organización Mundial de la Salud realizó uno de los primeros llamados a los Estados miembros a emprender acciones de prevención de la obesidad o en favor de la nutrición adecuada a través de la Estrategia Mundial Sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud. A casi dos décadas, en México se han realizado diversos esfuerzos para proteger el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, reconocido a nivel constitucional desde octubre de 2011.

El primero y más integral de estos esfuerzos ha sido el desarrollo de una Ley General de Alimentación Adecuada que lleva en proceso de aprobación más de diez años. Recientemente, una nueva versión de la ley que agrega la dimensión de sostenibilidad y otros elementos relevantes para la infancia y adolescencia ha sido aprobada en el Senado con varias reservas y deberá ser revisada en la Cámara de Diputados en los próximos meses.

Debido a la complejidad de esta ley y su proceso de aprobación, otras políticas han sido promovidas especialmente porque son costo-efectivas, es decir, requieren de poca inversión y previenen altos costos para las personas, la sociedad y el Estado.

En 2009 ya se habían identificado, a través del estudio Tackling of unhealthy diets, physical inactivity and obesity: health effects and cost-effectiveness, las medidas más estratégicas que en el largo plazo darían resultados positivos para atender estas problemáticas, entre las que destacaron las acciones fiscales, el etiquetado de alimentos y bebidas, la regulación de la publicidad de alimentos no saludables, las campañas en medios masivos, la consejería médica y las intervenciones en escuelas.

En 2023, Unicef México colaboró con una agencia de investigación internacional (RTI) en la elaboración del estudio Investment case for the prevention and reduction of childhood and adolescent overweight and obesity in Mexico, que permite estimar los costos de la obesidad que se presenta desde la infancia y adolescencia, y evaluar el costo-efectividad de las intervenciones antes señaladas, que ya han sido implementadas en México, pero que requieren ser mejoradas. Es importante señalar que para este nuevo estudio ya no se consideró el etiquetado de alimentos y bebidas de advertencia porque desde 2020 ya estaba siendo implementado en el país de acuerdo con estándares y recomendaciones internacionales. Según los resultados preliminares, en poco tiempo, desde su implementación, ya ha impactado positivamente las decisiones alimentarias en algunos sectores de la población, entre ellos las madres de familia.

El estudio de 2023 volvió a confirmar que las medidas más costo-efectivas y con altos retornos de inversión son las siguientes:

1. Las medidas fiscales, que incluyen el aumento de 10% a 20% en los impuestos a bebidas azucaradas, así como subsidios de 20% a alimentos saludables (frutas, verduras, leguminosas, nueces y tortillas de maíz). 

2. La regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a niñas, niños y adolescentes incluyendo medios digitales y otros canales y espacios públicos, culturales y recreativos, fortaleciendo su implementación con vigilancia.

3. La regulación de la distribución, venta y publicidad de alimentos y bebidas no saludables en el entorno escolar que se traduce en restringir los alimentos con sellos de “exceso” en ingredientes críticos (azúcares, grasas, sodio y calorías), el fortalecimiento de la implementación de la propia regulación a través de campañas de sensibilización y capacitación a la comunidad escolar, así como el monitoreo de los incumplimientos.

4. Las campañas de mercadotecnia social en las escuelas para promover la alimentación saludable y la actividad física.

5. La promoción de la lactancia materna, empezando en la primera hora de vida, exclusiva hasta los primeros seis meses y continuada hasta los dos años.

Asimismo, el estudio calculó que la implementación de estas cinco intervenciones produciría en México un ahorro de 47.8 mil millones de pesos al año.

Desde Unicef seguiremos trabajando de la mano de las autoridades para que todas estas medidas costo-eficientes y de probada efectividad se implementen debidamente, poniendo al centro de las decisiones a niñas, niños y adolescentes. Sobre todo, para seguir impulsando la aprobación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, esfuerzo que contribuirá en la garantía del derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como el derecho a la protección de la salud para la niñez y adolescencia en México.