Teuchitlán, ¿qué pasó?

El año pasado se aplicó la exhumación de cuerpos en las fosas comunes en Coahuila y se logró identificar a 102 personas, de 2,279 registradas entre 2004 y 2012. Las familias buscadoras, indignadas, reclamaron por el trato indigno dado a los cuerpos. Exigen se cumpla con protocolos para mejorar registros y se respeten los cuerpos

Seguimos sin saber. ¿Centro de reclutamiento y/o de exterminio? ¿Desde cuándo? ¿Era del Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Cuántas personas jóvenes fueron “reclutadas”? ¿A dónde las mandaron? Con los objetos personales, más de 1,300, ¿qué ha pasado? ¿Los identificaron? ¿A quiénes pertenecían? ¿Dónde están sus propietarios? ¿Cuántas mujeres pudieron ser “atrapadas” ahí? ¿Sólo sucede en Teuchitlán?

A la crisis humanitaria por desaparición parece que ya también la desaparecieron. Mesas de diálogo, terribles noticias internacionales, designación de nuevos integrantes del no Poder Judicial y un largo etcétera, ocupan el espacio noticioso. Pero las desapariciones siguen al alza, de manera alarmante y pasan desapercibidas.

  • En una conferencia, el fiscal Gertz Manero afirmó que se respondería todo “a la brevedad”. Aún no sabemos más de lo que contaron y encontraron las madres buscadoras. En una de sus conferencias, el fiscal dijo que sí había restos humanos y luego, que no se habían encontrado.

No hay forma de negar la gravedad de la situación. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda se han localizado casi seis mil fosas clandestinas, convirtiendo al país en un cementerio, y los centros de adiestramiento —cuyo método para entrenar sicarios es la cruel deshumanización— no son una invención.

Se han probado diversos métodos para acelerar la búsqueda. Uno, a través de la identificación de huellas dactilares. El Instituto Nacional Electoral recibió, entre 2017 y marzo de 2025, 88,405 solicitudes para cotejar huellas dactilares. Su Sistema Automatizado de Identificación Dactilar (AFIS) detectó, en ese periodo, 29,940 candidatos para ser identificados (33.8 por ciento). De este número, 15,048 registros (50.2%) fueron confirmados mediante dictamen pericial.

Es decir, por cada tres solicitudes ingresadas, sólo se encontró un candidato para ser identificado, y la mitad de las coincidencias no pudieron ser confirmadas. Se desconoce cuántas personas han sido restituidas a sus familias tras este cotejo.

En Sinaloa, la Fiscalía General del Estado, informó que, hasta febrero de 2025, había enviado 506 fichas dactilares al INE. Se obtuvieron 191 confirmaciones de peritos, y 44 personas y dicen que ya se encuentran con sus familias. Muy pocos de los 2,445 cuerpos sin identificar que había en el estado hasta 2023. Guillermina Camacho, representante del colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor, de Zacatecas dijo “nosotros le solicitamos (a la fiscalía estatal) ser observadores, para dar fe de lo que están haciendo”. La desconfianza en las autoridades es generalizada.

Otro método es la exhumación de cuerpos de las fosas comunes. El año pasado se aplicó en Coahuila y se logró identificar a 102 personas, de 2,279 registradas entre 2004 y 2012. Las familias buscadoras, indignadas, reclamaron por el trato indigno dado a los cuerpos. Exigen se cumpla con protocolos para mejorar registros y se respeten los cuerpos. Otro método, el de las Madres Buscadoras, que han encontrado a mil 230 personas sin vida en fosas clandestinas y a mil 300 personas con vida. Cualquier método es complicado y costoso, pero muy importante.

Carlos Loret de Mola, con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Secretaría de Gobernación, afirma que el mes mayo de 2025 desaparecieron mil 398 personas, la cifra más alta hasta ahora en un mes. Están discutiendo en las mesas de diálogo con las madres buscadoras, las reformas a las leyes que deben realizarse para atender el problema. Pero ¿la prevención? ¿quién se ocupa de la prevención?

  • Los compromisos internacionales han sido ignorados por el Estado, y no sólo en México. Por eso, las familias de personas desaparecidas continúan realizando labores forenses en condiciones precarias, mientras las autoridades de los tres niveles de gobierno evaden responsabilidades.

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