Ahora que se habla de extorsión

Importante siempre ponerle género a todo tema. ¿Hay desigualdades, abusos en la extorsión contra las mujeres? De inmediato, sabemos que si. Años de escuchar que “pedir favores sexuales” es práctica común en este país. Si una mujer quiere un ascenso, si una chica solicita una consulta médica, si una alumna quiere la revisión de su examen. No es acoso, no es hostigamiento. Es extorsión.

Con las nuevas tecnologías y las redes sociales, este corrupto fenómeno se ha extendido y hasta le han puesto como nombre sextorsión. Ya se ocupan de castigarlo. Pero el delito presencial sigue tan campante. México ocupa el quinto lugar en América en incidencia de este delito, pero según investigaciones diversas, no está bien tipificado en los códigos penales del país.

Un delito en el que la víctima carga con la vergüenza y la culpa, por lo que difícilmente denunciará.

Cuando para acceder a un derecho, salud, se solicita una interacción sexual, o cuando en un juicio por alimentos para hijas e hijos, el juez sugiere que con una “interacción sexual” el asunto se resuelve, hay poco espacio para actuar. Lo adecuado sería denunciar, pero cuando la vida está de por medio, quizá no hay tiempo para ello.

Claramente, el extorsionador aprovecha las fragilidades de la víctima y se sirve de su “superioridad” (cargo) para obtener de ella lo que desea, a costa de la dignidad y los deseos de quien necesita algún servicio, a veces, con urgencia.  Es un delito que tampoco hace excepciones por edad, clase social, raza, capacidad. Atraviesa a todas las mujeres. Sin duda, algunos hombres también han sido víctimas, pero la estadística afirma que son pocos.

Las migrantes viven con frecuencia semejante atropello. Los jueces insinúan o exigen intercambios sexuales a fin de dictar sentencias favorables; las policías no son inocentes; para contratación y promoción en el empleo para ellas; en los campos de refugiados; en el acceso a servicios básicos, como agua y alimentos.

A nivel federal, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, se presentó una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), en materia de extorsión sexual por razones de género (2021), pero se quedó en “la congeladora”.

En los códigos penales de Hidalgo, Jalisco y Quintana Roo se incluye como “delito de aprovechamiento sexual” que se da cuando un servidor público, condiciona la atención que debe prestar por ocupar un puesto en una institución a cambio de un “favor sexual”.

En la extorsión sexual se suman el abuso de autoridad y la corrupción, pero también la coacción psicológica, la agresión sexual y la violencia contra la mujer. Esta modalidad de corrupción, por supuesto que genera daños en las víctimas, pero no se conocen con precisión  debido a las represalias que pueden derivarse de la denuncia.

Por lo mismo, no hay una política pública para erradicar el fenómeno. La #LeyEspía no ayuda.

Urge señalar a la extorsión sexual presencial como una modalidad de corrupción. “Requiere un abordaje jurídico que facilite a las autoridades procesos de identificación, procesamiento y castigo”.

Necesario establecer programas destinados a fortalecer los valores éticos con perspectiva de género dentro de las instituciones públicas. Ramírez Sirgo, L. E.; Moreno Rodríguez, V. M. y Casas Cárdenas, E. (2025). Aprovechamiento sexual: corrupción, normativa y política pública en México. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 11(21), 127-150. https://doi.org/10.29105/rpgyc11.21-284.

Como con los cientos de propuestas que hicieron las Madres Buscadoras, a quienes sólo les dieron espacio para “desahogarse”, ésta tampoco tendrá buen fin. Temas de justicia para las mujeres no interesan a Morena.