¿A qué le temen?

Desde hace años, al trabajar con jóvenas adolescentes en diversas instituciones de educación media superior, topamos con el miedo, la inseguridad, la impunidad y los intentos por silenciar las voces de las alumnas. En casi todos los espacios públicos de educación media superior se cuenta con orientadoras y orientadores, la mayoría mujeres que cuentan con estudios de psicología o pedagogía.

Ellas trabajan como en las historietas de Charlie Brown lo hacía la simpática Lucy. Instalaba un pequeño mostrador con un letrero que señalaba: Consultas psicológicas por cinco centavos. La comparación viene a cuento no por el cobro, sino por la pretensión de atender a una comunidad mínima de 750 alumnos, con, en el mejor de los casos, dos o tres orientadoras. En las instituciones donde realizamos la investigación, las orientadoras tenían un cubículo para dos o tres personas y si algún alumno o alumna solicitaba una consulta, se debía negociar el espacio propicio para la confidencialidad.

En reunión con las orientadoras, nos confesaron que la mayor parte de las consultas era por abuso sexual al interior de las familias, pero que ellas, las orientadoras, no podían hacer nada. El simple hecho de escuchar a las chicas o los chicos, las convertía en cómplices, según la ley. Y si querían acompañar a las víctimas a denunciar, tenían que contar con la aprobación del padre, la madre o el tutor. Si no era posible (y no era posible) podían buscar a un ministerio público que tuviera capacidad para actuar. Ninguno quería atender la solicitud.

Una de las cuestiones más complicadas estriba en el por qué las adolescentes y los adolescentes no pueden presentar denuncias. Su estatus de “menor” los incapacita (no son sujetos de derechos) y requieren de la autorización de su padre, madre o tutor, quienes, en muchas ocasiones, son las y los violentadores. Están atrapadas, atrapados por ideas absurdas. Su palabra no tiene valor. Siguen siendo “infantes”, que según la etimología: “La palabra ‘infancia’ viene del latín infans que significa ‘el que no habla’, basado en el verbo for (hablar, decir). En latín (infantia) equivalía a ‘incapacidad de hablar’.

“En México, alrededor de 350 mil adolescentes son embarazadas cada año, aproximadamente mil cada día. Las estrategias de confinamiento significaron que niñas y adolescentes fueran más vulnerables a ataques sexuales y abusos. México es un país donde, cada año 5.4 millones de menores son víctimas de abuso sexual; el 90% de los casos perpetrados contra niñas”.

(https://www.animalpolitico.com/2022/03/mexico-el-pais-con-mas-embarazos-...).

“Muchas veces la violencia sexual empieza desde muy temprana edad, pero se identifica cuando hay embarazo”, (Araceli González, Equifonía). “El embarazo de niñas de tan corta edad como 9 años es uno de los indicadores más contundentes que muestra otra parte del problema. La punta del iceberg que nos habla de la magnitud del abuso, son las cerca de diez mil niñas que son madres antes de los 15 años” (Nadine Gasman, del Inmujeres, https://www.milenio.com/policia/monstruo-violencia-sexual-infantil-incre...).

“Quien más paga toda esta carga brutal de patriarcado, de misoginia y de machismo, son los niños y las niñas. Los niños y las niñas no pueden hablar, nada más los sufren, lo sufren en silencio” (Marcela Martínez Roaro, https://www.milenio.com/policia/monstruo-violencia-sexual-infantil-incre...).

Hay investigadoras que, al estudiar aberraciones como el incesto, deciden no entrevistar a menores de 18 años. Saben de la prohibición legal para que cuenten su historia. Lamentable conformismo con reglas ridículas. Urge modificar esas leyes que dejan a niñas y niños en mundos sin acceso a la justicia. ¿Sufrimiento a cambio del “prestigio” del padre?