Nunca será éticamente aceptable que un joven de 21 años desaparezca en los baños de un bar, que nunca más se sepa de él y que las autoridades —obligadas a encontrarlo, vivo o muerto— se desentiendan del caso. Menos aún si el copropietario de ese bar era funcionario de primer nivel del gobierno que debía protegerlo o rastrear su paradero. Pero esto es Sinaloa, 2025-2026. Esto es México: un espacio de impunidad que, en los hechos, avala una atrocidad semejante. Mañana se cumplirán 10 meses de la desaparición de Carlos Emilio Galván en el Terraza Valentino de Culiacán, copropiedad de Ricardo El Pity Velarde, quien por aquellos días era secretario de Economía del gobierno de Rubén Rocha. Mes tras mes he registrado aquí esa tragedia. No pasa nada. El vigente régimen rochista parece decirnos a quienes reportamos este asunto que no obtendremos respuesta. Nunca. De ese tamaño pueden ser la arbitrariedad y la desvergüenza en Sinaloa. Corren los meses y las autoridades administran el tiempo en detrimento de la víctima. Mes tras mes se confirma que se trata de un caso plagado de omisiones y obstrucciones. La desaparición de un joven por el que nadie parece sentir empatía, ni en Sinaloa ni en Palacio Nacional. Qué lejos queda el supuesto humanismo de la 4T de la máxima humanitaria elemental: un solo muerto, un solo desaparecido, es demasiado. Diez meses.