La noticia del descongelamiento parcial de dos cuentas bancarias del exgobernador sinaloense Rubén Rocha debería ser motivo de regocijo. Porque probaría que el principio de inembargabilidad en ciertas cuentas es sagrado y que puede romperse el criterio represivo de que el descongelamiento sólo se podrá conseguir al final de un juicio de amparo en el Poder Judicial.
Rocha, sin embargo, obtuvo el beneficio sin pasar por ese largo y penoso proceso. Lo consiguió sin necesidad de un amparo, en una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Por partes. La mayoría legislativa de la 4T modificó las leyes para impedir que los jueces concedieran suspensiones contra el bloqueo de cuentas. El argumento ramplón fue que esas suspensiones protegían a delincuentes de cuello blanco.
¿Qué hizo Rocha, investigado en un país extranjero por supuestos delitos graves? Recurrió al Tribunal Administrativo, no a un juzgado de distrito, con lo que le habría dado la vuelta a la prohibición impuesta por el régimen. ¿Es una chicana? Quizá no.
Una pronta explicación de la UIF ayer mismo dejó en claro que esa ruta es viable para proteger recursos provenientes de pensiones y jubilaciones, que son legalmente inembargables. Rocha recibía en esas dos cuentas los depósitos de tres pensiones distintas: una de viudez, una de cesantía y una de jubilación.
Qué bueno, entonces, saber que todos los mexicanos tendrán a salvo esos ingresos. Que gozarán de la gracia de la justicia. ¿Pero imaginan a la autoridad dándole un trato así a Rosario Robles, por ejemplo? Yo no.