La narrativa oficial volvió a percutir la idea de que Carlos Manzo fue una suerte de responsable de su destino. Desde un primer momento, el discurso del gobierno advirtió que el alcalde de Uruapan, ejecutado el 1 de noviembre, rechazó la protección federal y encomendó su seguridad a una punta de ineptos, o traidores. Ayer, el secretario Omar García Harfuch hizo sonar los platillos con estridencia. Reveló que el CJNG –autor intelectual y material del crimen, según esta arquitectura narrativa– se sintió provocado por Manzo. Omar se escudó en las declaraciones de las tres decenas de detenidos antes de afirmar: “Ellos son los que mencionaron ese término de provocación. Por ejemplo, decían que cuando la Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional realizaban detenciones, el alcalde a veces estaba presente y hacía alusiones al grupo criminal”. ¿A veces estaba presente? ¿Cuántas veces lo estuvo y por qué se lo permitieron? ¿Qué hizo para desatar ese tamaño de represalia? Será difícil que lo sepamos ahora, cuando importa, pues las autoridades se pertrecharán en el trillado “no podemos revelarlo porque entorpeceríamos las investigaciones”. Pero lo dicho, dicho está. Manzo no sólo no se protegía: era de una imprudencia desproporcionada. O un suicida empeñado en caminar hacia el precipicio. Es un relato antiséptico que libera al régimen de la carga por este crimen político –el más impactante en México desde el de Colosio– y pretende conducir al ridículo a quienes todavía se animen a gritar “¡Carlos no murió, el gobierno lo mató!”.