¿Existe un país democrático y con Estado de derecho en el que un exgobernador acusado de peculado por 96 millones de pesos denuncie por secuestro a quienes intentaron detenerlo 22 meses atrás? Existe, se llama México. El México de los tiempos 4T. ¿Un país en que el acusador sea, además, presidente de la Comisión de Justicia del Senado y tenga por compañero –político y legal– a quien lo rescató de aquella orden de aprehensión y hoy es un importante funcionario y portavoz de la FGR? Así es. La supuesta víctima es Javier Corral. El acompañante es Ulises Lara, aunque él sólo escenifique lo que, en los hechos, ha sido una cobertura de Estado. Corral debió presentarse ayer a una audiencia promovida por él para mantener viva su causa, demeritada ya por la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero no llegó. Alegó compromisos parlamentarios como presidente de la Comisión de Justicia. Corral no apunta directamente contra el ministerio público de Chihuahua que integró la causa y fue a detenerlo. Culpa a la gobernadora de la entidad, Maru Campos, lo que procesalmente sería cuando menos cuestionable. La jueza de control le dará una nueva oportunidad de acudir el próximo martes. Los abogados de Maru Campos dijeron afuera del juzgado que “la línea de Corral, la supuesta víctima, es muy clara: llevar el caso a la FGR y, desde ahí, mantener el hostigamiento contra la gobernadora”. El problema para él y los suyos es que nada les sale bien en el caso Chihuahua. Los Corrales ya no van ganando.