De no mediar un cambio de estrategia o de planes, el gobierno mexicano hará llegar hoy los documentos con los que buscará transitar de la queja diplomática a la denuncia penal por los asesinatos de compatriotas a manos de autoridades estadunidenses. Exigirá castigo por los muertos bajo custodia del ICE durante los 18 meses de presidencia de Trump, en especial por la ejecución, hace unos días, de Lorenzo Araujo Salgado. Videos y el oficio de un médico forense tejano confirman que la muerte de este migrante mexicano de 52 años —35 de ellos residente en Houston— fue un homicidio causado por disparos. Disparó un agente del ICE. Rebasada queda la primera versión del gobierno de Trump, que alegaba defensa legítima. El propio ICE terminó por reconocer que Araujo Salgado no era su objetivo. “Por supuesto que se trató de un homicidio”, me dice el canciller Roberto Velasco. “Ellos saben que es un tema muy delicado, prioritario para nosotros. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos”. Llega, pues, el momento de la eficacia. Llevar a prisión al y a los asesinos de don Lorenzo tendría que convertirse en una primera acción para que México se plante con éxito frente a la brutalidad de una política que concibe al migrante mexicano como un enemigo al que hay que abatir. Es hora de resultados, no de esfuerzos conmovedores.