Por qué sí se pudo

¿Qué cambió entre el 22 de febrero y el jueves 13 de abril? En la primera fecha, las mayorías de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron el segundo paquete del plan B que, además de “destazar" al INE, representa un retroceso para los derechos políticos de las mujeres y de los grupos vulnerables. La organización Mujeres en Plural, a la que pertenezco, publicó el documento “Los derechos políticos y electorales de las mujeres son derechos humanos", con un análisis de las consecuencias del plan B contra los derechos de las mujeres y lo entregó a las dirigencias de los partidos de oposición, PRI, PAN y PRD, pidiéndoles que denunciaran estas medidas regresivas en sus acciones de inconstitucionalidad. También se solicitó una cita a la dirigencia de Morena, pero no nos fue concedida. Con la excepción de dos senadores, todo el grupo parlamentario de Morena votó a favor.

El jueves 13 de abril se “cayó” la iniciativa de reforma constitucional que buscaba maniatar al Tribunal Electoral, impulsada por todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, con la excepción de Movimiento Ciudadano. Una rebelión telúrica encabezada por legisladoras acabó con el sueño del patriarcado apertrechado en las dirigencias de todos los partidos, que buscaba hacer a placer sin la interferencia del Tribunal Electoral. Vistas fríamente ambas reformas, la legal del plan B y la constitucional impulsada por el Club de Tobi y sancionada por la Secretaría de Gobernación y Palacio Nacional, no difieren tanto en el atropello a los derechos político-electorales de las mujeres y de los grupos vulnerables. Si bien la del tribunal es más definitiva por el carácter inatacable de sus decisiones, la del INE es radical en la búsqueda de limitar las oportunidades de candidaturas y ejercicio de derechos de las mujeres.

¿Por qué ahora sí se rebelaron las legisladoras de todos los partidos, incluyendo una muy visible oposición de, por lo menos, 60 parlamentarias de Morena?

Creo que el contexto cualitativamente diferente entre las dos fechas fueron las manifestaciones del 26 de febrero. El protagonismo insurgente de millones de ciudadanos y ciudadanas en defensa de su derecho al voto y su preferencia por la democracia. Apenas la punta del iceberg de la inconformidad ciudadana que bulle en la sociedad. Una advertencia para los partidos que pedirán su voto en 2024.

Ya en la batalla que interrumpió y paralizó, una y otra vez, confluyeron varios factores:

A diferencia de la sesión de tres horas para aprobar el plan B, en la que Morena violó todos los procedimientos parlamentarios y acalló las dudas de su propia militancia, en la reforma constitucional contra el Tribunal Electoral se debía cumplir con las consultas en la Comisión de Puntos Constitucionales, no sólo porque así lo dicta el reglamento, sino también porque participaban otros grupos parlamentarios que no podían justificar métodos de aplanadora. Eso nos ganó dos días y horas preciosas para que organizaciones de la sociedad civil, destacadamente Mujeres en Plural, pero otras varias valiosísimas, circularan el análisis donde se demostraba que, de aprobarse la reforma, la implementación de la paridad y de las acciones afirmativas quedaría a capricho de los dirigentes de los partidos, y la militancia no podría inconformarse ante el Tribunal Electoral. A este llamado de atención urgente respondieron destacados analistas, confirmando con análisis y ejemplos el papel trascendente del Tribunal.

Miles de voces se sumaron a esta protesta en las redes sociales porque ya ha penetrado en capas cada vez más amplias de la sociedad mexicana que no se puede discriminar al 52% de la población. Ya no es un postulado de algunas cuantas radicales. La paridad ha tomado carta de ciudadanía entre millones y propicia un círculo virtuoso: más mujeres en cabildos, presidencias municipales, gubernaturas y Congreso son mujeres más visibles, lo que hace que cada vez sea más natural su participación.

La herramienta de control más importante de las burocracias partidarias en la Cámara de Diputados es la amenaza implícita o explícita de impedir la reelección de quienes quieran continuar como legisladores, además de limitar su acceso a la tribuna, etcétera. Sin duda, eso funcionó los primeros días. Pero la amenaza dejó de funcionar cuando se sumaron más y más legisladoras a la protesta acompañadas por la estruendosa participación de la sociedad civil en redes sociales, en el cabildeo, en los medios de comunicación de todo tipo.

El espectro de la próxima elección estremeció a todos los partidos participantes del vergonzoso cónclave machista. Porque las mujeres votan y no querrán hacerlo por cualquier partido que esté contra sus avances y derechos. Y volvemos al principio: gracias a que tenemos el instrumento del voto y de elecciones confiables, garantizadas por el INE y el TEPJF, pudimos detener el atropello mayúsculo que hubiera significado convertir al Tribunal Electoral en un florer.