El Presidente anuncia maximato

Si las cuentas no me fallan, para el 1 de septiembre de 2024 ya habrá presidente o presidenta electa. Y, sin embargo, el presidente López Obrador anunció que ese día —a un mes de terminar su mandato— enviará varias iniciativas a las Cámaras del Congreso. En particular, una iniciativa de reforma constitucional con carácter preferente (“prioritario", la llamó él) para regresar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.

Lo notable de esa declaración no es su contenido, un galimatías sin pies ni cabeza y, sobre todo, sin la menor probabilidad de éxito. El artículo 71 de la Constitución, en su párrafo cuarto, dice así: “No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución”, por tanto, su iniciativa bien puede irse al cesto de la basura. Tampoco es relevante que desee “con toda su alma” conseguir en ambas Cámaras la mayoría constitucional. No tiene la menor oportunidad de conseguirla. No la logró en 2018 con el tsunami de votos a su favor. En esas elecciones, su coalición no consiguió la mayoría calificada en el Senado. Y en las elecciones de 2021 perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Si no la consiguió cuando tenía 80% de popularidad, ¿por qué la habría de alcanzar cuando su popularidad roza el sesenta por ciento, su gobierno está reprobado y ha emergido una sociedad civil activa en defensa de la democracia?

Lo realmente importante es que, al anunciar que enviará varias iniciativas para que se aprueben en el último mes de su mandato, ignora que ya habrá un o una titular del Poder Ejecutivo electo, a quien pueden no gustarle esas propuestas. Imposible. Impensable. Inaceptable que su sucesora pueda pensar diferente a él. Lo que en pocas palabras anuncia es que, de triunfar su candidata, él seguirá siendo quien verdaderamente mande y que las bancadas de Morena en ambas Cámaras deberán obedecerlo a él.

Y tiene toda la razón, los 21 gobernadores de Morena y la jefa de Gobierno de la CDMX anunciaron que lo siguen a él y no a la Constitución y que el artículo 21 constitucional no dice lo que dice. En su penúltimo párrafo, el artículo 21 dice así: “La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas y acciones”. Pero las y los ejecutivos estatales “rechazan” la decisión de la Suprema Corte y se erigen en Corte sustituta al declarar que no se viola el artículo 21.

Se equivocan quienes creen que éste será como cualquier fin de sexenio en el que el presidente saliente se va con su maletita a un lugar de descanso; su poder, que se venía debilitando el último año, termina de evaporarse en la ceremonia de transmisión de poderes y el nuevo presidente se erige como nuevo tlatoani. No fue así en 2018, cuando, desde su elección, Andrés Manuel López Obrador actuó como presidente en funciones, tomando decisiones, como la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, dos meses antes de tomar posesión. Tampoco lo será al final.

Los anteriores presidentes aceptaron la regla de oro del régimen presidencialista mexicano: todo el poder durante seis años y una buena pensión después. Quien no lo quiso entender así, Plutarco Elías Calles, fue mandado al exilio por el presidente Lázaro Cárdenas. El Presidente actual no ha aceptado esa regla porque, según él, se trata de un gobierno excepcional al que se le aplican reglas excepcionales. Comenzó a mandar al día siguiente de ser electo, intentó colonizar y controlar el Poder Judicial para que sus reformas constitucionales fueran legitimadas en caso de llegar a la Corte. Basta recordar el infame artículo 13 transitorio de la reforma en materia judicial de junio de 2021, que establecía que el entonces presidente de la Suprema Corte, ministro Arturo Zaldívar, prolongara su presidencia y vasallaje por dos años más, hasta 2024. No importaba que ese transitorio violara explícitamente los artículos 97 y 100 de la Constitución. Porque, ¿qué es un conjunto de letritas inscritas en la Constitución comparadas con la grandeza supuestamente histórica del actual gobierno? Afortunadamente, la ministra Norma Lucía Piña aclaró en ese entonces lo que no quieren entender los gobernadores morenistas: la misión de los tribunales “no es complacer a las mayorías políticas en turno, sino hacer valer la Constitución”. Subrayo: en turno.

A la idea de que se trata de un proyecto grandioso producto directo del parto de la historia se suma un factor real: es el actual Presidente y no ninguna de sus corcholatas quien tiene el mando y control de su movimiento político. Es él, gracias a esta fuerza, quien le recordaría a quien quiera moverse un milímetro por fuera de su proyecto antidemocrático que es él quien manda.

El maximato no triunfó en 1936; tampoco lo hará ahora.