El método

En ciertas decisiones que ha tomado la presidenta Sheinbaum existe la propensión a sabotearlas, a garantizar su fracaso o, como se dice más popularmente, a darse un tiro en el pie. El ejemplo más claro, sin duda,  es la decisión de  llevar a término la reforma al Poder Judicial de la Federación y la exhibición a todo color y para  todo el mundo del uso grotesco de la tómbola  para su implementación. México es objeto de crítica cuando no burla por esta reforma.

No ha habido un solo jurista de izquierda, derecha o centro, purista o no, garantista o literalista o alguna respetable asociación internacional de especialistas en derecho que no haya advertido del peligro que representa la destrucción de la división de Poderes al diseñar e implementar una reforma cuyo único objetivo es controlar al PJF. No es teoría, ya se hizo anteriormente con el INE y el TEPJF, cuya lealtad al régimen tiene la mayoría en sus órganos colegiados. Tener en su puño al PJF le resultará útil sólo en el corto plazo. En las más importantes mediciones internacionales del estado de la democracia, México ya está clasificado como un régimen en franco declive democrático y ello incluye dudas fundadas sobre el respeto al Estado de derecho y, por tanto, a las inversiones.

Un segundo ejemplo tiene que ver con la seguridad. Uno de los ejes anunciados por el secretario García Harfuch es el de la coordinación tanto con las diferentes instancias del gobierno federal como con los estados y municipios. Sin embargo, el ánimo de la mandataria es político, no de política de Estado. En la presentación del programa insistió en mostrar una gráfica que resaltaba el número bruto de asesinatos en Guanajuato, estado gobernado por Acción Nacional y no la gráfica más rigurosa, que medía asesinatos por cada 100 mil habitantes, en la que Guanajuato aparecía en sexto lugar. Había que proteger a sus gobernadores y debilitar a los de la oposición. Peor aún es la reiteración de que en México sólo cabe un proyecto, el suyo. Al preguntársele si la relación con la oposición sería mejor que durante el gobierno anterior, respondió: “Yo tengo la responsabilidad de cumplir con el proyecto nacional que me comprometí, con los principios de gobierno con los cuales me comprometí, con los cuales he hecho política durante muchos años de mi vida, y la relación con la oposición tiene que ver con ese proceso democrático” y mandó a la oposición a dialogar a Gobernación, porque ella sólo lo hace con el pueblo. De nuevo, sus simpatizantes son pueblo, los otros no.

Tercer ejemplo: en el punto 34 de los 100 que presentó en el Zócalo, habló de la construcción de un pequeño carro eléctrico, el Olinia, “totalmente ensamblado en México y con una batería con litio mexicano”. ¿Dónde está el tiro en el pie? En la ley minera aprobada en aquel “viernes negro” de fines de abril de 2023. En ésta se prohíbe la minería a cielo abierto y resulta que el litio se explota así, es decir, no es minería subterránea. Hasta ahora, en México sólo hay un depósito con calidad explotable, localizado en la sierra de Sonora y el gobierno saliente canceló las concesiones a la empresa china que las tenía. Una ley anterior de 2022, nacionaliza la exploración minera, prohibiendo la participación privada en esta fase de la industria minera que lleva muchos años y de resultados inciertos, que el gobierno difícilmente puede sostener presupuestalmente. Alguien avisó de la dificultad de tener baterías con litio mexicano en el corto plazo y mandó quitar esa parte de la versión estenográfica del discurso de la mandataria. El problema no es hacer creer que no dijo lo que dijo, sino leyes que se ajustan a un ideario nacionalista de hace casi un siglo y no contemplan las realidades de la urgencia de la transición energética como un reto para todos: gobierno, sociedad  y empresa privada.

Cuarto ejemplo: en el punto 70 de su ideario, Sheinbaum se compromete a la soberanía energética, y en el 71, a impulsar las energías renovables. Pero las energías renovables requieren más componentes minerales que los utilizados en la explotación de hidrocarburos. En concreto, se requieren 17 minerales críticos, de los cuales México tiene 10. Las leyes mineras de 2022 y 2023 hacen prácticamente imposible cumplir con los puntos mencionados. Si se quiere acelerar la transición a energías renovables, tendrán que aumentar las importaciones de estos minerales críticos que las reformas dificultan explotar en México y, por tanto, la estrecha definición que tiene este gobierno de soberanía energética no podrá cumplirse.

Todos los ejemplos y muchos más que se pueden documentar tienen un sello común, a diferencia del dicho socrático, piensan que lo saben todo.