Autofagia

Como en el estremecedor cuadro de Goya, Saturno devorando a su hijo*, así sucede con el Presidente y su partido. Si alguna vez hubo un proyecto más allá del enarbolado por el líder, éste fue devorado por el Presidente. Centralización del poder a costa de federalismo. Presidencialismo exacerbado y el consecuente debilitamiento de mecanismos de autocorrección que se esperan del gabinete. La pérdida de inteligencia y ética de sus principales cuadros. Las y los gobernadores como coro celebratorio y alegres partícipes de las violaciones a la Constitución. Su partido, una colección de bocinas descompuestas. El proyecto es su proyecto y de nadie más. La estrategia es él, la táctica, también.

En estos tres años pasó del “yo ya no me pertenezco, yo soy de ustedes”, que antes ya había dicho Hugo Chávez y antes que ellos Benito Mussolini con su “Yo, el pueblo”, a fundirse con la nación y la patria. Si él es la patria, todo aquel que difiera de lo que él quiere y piensa, es antipatriota. ¿Por qué? Porque él lo dice. Entre “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley” y no me vengan con el cuento de que la Constitución es la Constitución hay una distancia mínima que el Presidente ha recorrido en varias ocasiones. La militarización de amplios campos de la administración pública y de la seguridad viola la letra y el espíritu de la Constitución. Violó la Constitución al impulsar y apoyar la extensión del mandato del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. Violó la Constitución al desobedecer los mandatos del INE y del TEPJF para no participar en la consulta revocatoria. Y desacata el artículo 61 constitucional al denigrar a los diputados federales que votaron en contra de la reforma eléctrica. Se trata de un ejercicio deliberado para acostumbrar a la sociedad mexicana a que este titular del Ejecutivo puede violar la ley y la Constitución y no pasa nada. La viola porque quiere y porque puede, y porque —contrario al juramento de la toma de posesión— piensa que nadie le demandará acatarlas.

¿Por qué respetar una Constitución heredera del régimen que se ha propuesto desmontar? El Presidente cree encabezar una revolución y, por tanto, considera fundamental destruir instituciones y no acatar el régimen legal de gobiernos anteriores. Desde la democracia destruir la democracia. A ver qué queda.

El párrafo primero del artículo 61 constitucional dice: “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”. Este artículo no fue novedad en la Constitución de 1917. Ya estaba presente en la Constitución de 1857, como artículo 59 con un texto casi idéntico: “Los diputados y senadores son inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de sus encargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.

El texto constitucional cumple una doble función: proteger a las y los legisladores para que sus intervenciones y sus votos se elaboren y sostengan en la máxima libertad. Y, aún más trascendente, proteger al cuerpo legislativo como un todo de los embates del Poder Ejecutivo. El artículo 61 es la expresión concreta para el Congreso de la Unión del artículo 6to constitucional, que garantiza la libertad de expresión. La frase “jamás podrán ser reconvenidos” pareciera alentar la irresponsabilidad con los dichos, pero desde 1857 y en importantes sentencias de la SCJN se acota perfectamente que se refiere al trabajo legislativo.

En octubre del año 2000, la SCJN publicó una sentencia para el caso de un amparo interpuesto por Jesús Zambrano y Ramón Sosamontes, acusados de difamación por el entonces hombre fuerte del presidente Salinas, José María Córdoba. La SCJN, por unanimidad, estableció que la inmunidad de los legisladores es “absoluta, irrenunciable y perpetua”. La inviolabilidad de los parlamentarios se requiere para garantizar “la total y absoluta libertad de palabra del representante, no como un derecho subjetivo otorgado a quien desempeña la función legislativa, sino como un instrumento que tiende a proteger la integridad de la corporación parlamentaria. Por ello, la inviolabilidad es una garantía del orden público y el legislador no puede renunciar a ésta y todo juzgador que conozca una causa contra el legislador deberá tomar en cuenta lo anterior de oficio”.**

Dije que los dirigentes de Morena son bocinas descompuestas. No tardan en amenazar con denunciar penalmente a los 223 legisladores, en una típica movida de “te lo digo a ti, Pedro, para que lo escuches tú, Juan”. Como lo indica el texto de la SCJN, esa denuncia no tiene la menor posibilidad de progresar, sólo augura aumentar el ridículo y desprestigio que los rodea. En cambio, la amenaza va para los empresarios y usuarios de las redes eléctricas. Asustarlos e intentar obligarlos a abandonar sus amparos. Ya se verá.

* https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/saturno/18110a75-b0e...

** Jornada***, 25/V/2000.