Agandalle legislativo: Jenga otra vez

Mientras en las calles de Venezuela celebran con júbilo el probable triunfo electoral de la oposición después de 25 largos años de dictadura, en México el gobierno insiste en recorrer el mismo camino del par Chávez-Maduro. Con su toque mexicano, por supuesto, pero con los elementos de control político muy parecidos: debilitamiento o toma de las autoridades electorales, destrucción del Poder Judicial (hay que recordar que los ministros de la Corte Suprema autónoma están exiliados en Colombia), mayorías constitucionales prácticamente obligatorias en la Asamblea Legislativa, participación de las Fuerzas Armadas en el control civil, control paulatino de los medios de comunicación, economía con creciente control estatal. El gobierno que está por iniciar ensaya caminar como pato, graznar como pato y quisiera volar como pato.

La sobrerrepresentación legislativa que el Presidente de la República quiere garantizar para la próxima LVI Legislatura en la Cámara de Diputados es la pieza clave para tirar el edificio de la democracia que habíamos venido construyendo y que, mal que bien, permitía la representación de la amplia pluralidad que floreció en la tres décadas de elecciones relativamente competidas y autoridades electorales autónomas. Para llamar las cosas por su nombre, diré que la sobrerrepresentación, es decir, la representación exagerada e injustificada de una fuerza política en órganos legislativos, es lo que los mexicanos llamamos “agandalle”. El Diccionario de la Lengua Española aún no ha incluido este sonoro vocablo, pero sí lo tiene el diccionario del español de México:

Agandalle: acto de aprovecharse o apoderarse de algo sin consideración de lo que es correcto, justo o legal. Agandallar: v tr. Apoderarse de alguna cosa con ventaja y malas mañas. Agandallarse: unirse con alguien para aprovecharse de otro con ventaja y cobardemente. Mejor descrito, imposible.

Los electores le dieron a Morena y sus aliados el 54.7% y al conjunto de la oposición —la coalición Fuerza y Corazón por México y Movimiento Ciudadano— el 42 por ciento. El Presidente ha ordenado que el 8% que la Constitución permite como límite superior a la sobrerrepresentación de una fuerza se aplique a cada uno de los integrantes de su coalición para así tener el 75% de la Cámara y subrepresentar a la oposición a un 25 por ciento. En un artículo anterior llevé este intento de agandalle al extremo imaginando que la coalición de Morena hubiera sido de 10 partidos. Aplicando el criterio del Presidente y su vocera, la secretaria de Gobernación, no alcanzarían las 200 plurinominales para darle 8% a cada partido.

Después del triunfo contundente el 2 de junio de la coalición oficialista se pensó que la oposición estaba esfumada, desaparecida, electrocutada, aplastada, destrozada y exangüe. Y algo hay de eso, pero la oposición formal e informal ha logrado posicionar el debate sobre la sobrerrepresentación o agandalle, como uno de los temas más sustanciales e importantes para la democracia en México. Numerosos especialistas han demostrado que el 8% es un límite, no un premio. Que los plurinominales son para que la representación en el Legislativo sea lo más cercana posible al resultado electoral; que si se aplicara literalmente la ley —como quiere el señor de Palacio Nacional—, ningún partido tendría derecho a plurinominales, que hay un criterio de la Corte que aclara el papel compensatorio de los plurinominales, etcétera.

¿Por qué insisten en dar a Morena lo que no le dio el pueblo? Porque con el 75% de las curules Morena no sólo tendría la mayoría constitucional, sino también impediría que la oposición tuviera el 33% requerido para interponer acciones de inconstitucionalidad. De tal manera que podrían aprobar la reforma que destruye al Poder Judicial (aunque en el Senado no tienen la mayoría constitucional). Es decir, el camino a Venezuela.

Se recordará que el paquete del 5 de febrero presentado por el Presidente y asumido por la inminente Presidenta electa incluye la reforma al artículo 129 constitucional que bendice la militarización del país y amplía los poderes del Presidente para usarla. Elimina a los diputados plurinominales para volver al partido único, regresa a las autoridades electorales a Gobernación. Sin derecho a presentar acciones de inconstitucionalidad —y sin contar con un Poder Judicial autónomo al cual acudir— la democracia en este país estaría en artículo mortis. Quizá tendríamos que esperar una generación, como en la patria de Bolívar, para volver a tener elecciones competitivas. ¿Así quiere empezar Claudia Sheinbaum su gobierno, con el mote de neochavista?