Legitimidad y confianza: la CNTE

¿Qué vamos a hacer con la CNTE?, me preguntó el jueves pasado Javier Solórzano Zinser en su programa El referente informativo. Fue ya para cerrar el programa, no hubo tiempo de articular una respuesta. Pero la interrogación me puso a pensar; la hizo en primera persona, no expresó ¿qué va a hacer el gobierno con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Conjeturo que el gobierno de la Cuatroté no quiere o no puede (o no quiere ni puede) hacer mucho, es prisionero del frenesí de los maestros disidentes.

Según Jürgen Habermas, la crisis de legitimidad comienza cuando la gente pierde la convicción de que las instituciones funcionan bien y disminuye la confianza en los gobernantes. No digo que estamos cerca de una crisis de magnitud considerable, pero sí es perceptible el enojo de la ciudadanía por las movilizaciones de la CNTE. Muchos se preguntan de dónde viene el dinero que financia carpas de calidad, transporte y comidas de miles de disidentes. La CNTE no da su brazo a torcer, pero el gobierno no puede satisfacer sus exigencias. La Cuatroté la empoderó después de que el gobierno de Peña Nieto le arrebató canonjías y mecanismos de control de la carrera magisterial de los docentes. Como apunta Pascal Beltrán del Río, AMLO firmó un pacto con un tigre indómito.

La presidenta Claudia Sheinbaum, en un acto en Villa Hidalgo, San Luis Potosí, un estado donde la presencia de la CNTE no es fuerte, enfrentó el ímpetu gritón de los maestros descontentos. En una asamblea pública preguntó a sus seguidores que si estaban de acuerdo con que siguiera el mitin. La respuesta fue positiva, pero no acalló a los rebeldes. En las mañaneras de este lunes y martes, la Presidenta ratificó que no los recibirá, que la mesa está puesta para el diálogo entre los insumisos y la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública.

La respuesta de los disidentes fue enloquecer el tráfico de la Ciudad de México y cercar televisoras, es su forma de dialogar.

La Presidenta afirmó que, aunque simpatiza con sus demandas, no hay recursos para satisfacerlas. Pero también mostró molestia, no le gustó que la dejaran con la mano tendida. Los llamó conservadores porque amenazaron con boicotear la elección de jueces y apuntó que, junto con el Fondo de Pensiones para Bienestar, cada maestro jubilado recibirá al menos 16 mil pesos mensuales de pensión. Cosa que los gobiernos neoliberales no hicieron. Pero eso no toca el sentimiento de los líderes de la CNTE, quieren más dinero y controlar, como antes, la trayectoria profesional de los maestros. Y, tal vez, aunque no lo expresen, regresar a la herencia y venta de plazas docentes.

La Presidenta decidió no usar la fuerza del Estado (la violencia legítima) para contener a los disidentes, quienes utilizan prácticas cercanas a la intimidación criminal. No parece tener otros instrumentos políticos para negociar. Incluso, dijo que corresponde a los estados aplicar el reglamento y descontar salarios por días no trabajados. Eso, en un sistema centralista, es aventar la papa caliente a gobernadores que no tienen fuerza para enfrentar a los rebeldes, ya que en el gobierno central: “No es falta de cariño” (Noroña dixit).

La relevancia de la pregunta de Solórzano tiene sentido: ¿qué vamos a hacer nosotros, alumnos y padres de familia, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil? Más allá de la denuncia y el análisis, es poco, muy poco lo que podemos hacer para que los maestros disidentes regresen a las aulas y dejen tranquila a la ciudadanía. Lo harán cuando obtengan algo de lo que reclaman, no nada más promesas y palabras de elogio. Es más, su enojo aumentó cuando la Presidenta les dijo conservadores, a ellos que pregonan la revolución. El panorama es sombrío.

Por lo pronto, ciudades, gente y negocios seguirán prisioneros. El gobierno tropezó con la treta de la legitimidad (no usar la ley porque es represión) y la gente comienza a desconfiar de las instituciones. Aunque las pensiones y los programas sociales mantienen alta la popularidad de Claudia Sheinbaum. Pero quizás —porque también enfrenta otros retos— estamos en la apertura de una crisis de legitimidad.