La educación al precipicio

Mas, a juzgar por la política educativa y sus consecuencias presentes y las previsibles por lo que resta de su gobierno, el registro histórico no le será favorable. Lo que dice en las mañaneras es para el consumo inmediato de la plaza pública, no hay nada memorable en su retórica.

Llegamos a la mitad del camino. Con lo hecho hasta hoy es suficiente para apuntar al presidente López Obrador como uno de los mandatarios que menos se preocupa por la educación. Tal vez ni siquiera le pase por su mente que es un derecho humano fundamental. Vamos, no le interesa ningún tipo de derecho.

Cierto, buena parte del deterioro se debe a la pandemia y sus efectos, pero el gobierno, la Secretaría de Educación Pública, en particular, no enseña músculo para resolver los problemas que el covid-19 agravó. Bueno, ni siquiera la infraestructura ni la sanidad básica de los planteles.

Tampoco muestra estrategias viables y hasta en la retórica deja mucho que desear. Durante los primeros dos años se notó menos por las reformas al artículo 3 y la Ley General de Educación y sustitución de las leyes de la época de Peña Nieto. En el terreno de los símbolos (cambio educativo, excelencia, dignificación del magisterio, no somos iguales), el primer secretario de Educación Pública, Esteban Barragán construyó un artefacto, la Nueva Escuela Mexicana, que le sirvió para articular una narrativa consistente.

Hoy, ni eso. En la comparecencia de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, ante la Comisión de Educación del Senado (el 16 de noviembre) no expresó nada notable, sólo aseveró que el gobierno atiende cuatro rubros: mejora continua en los libros de texto gratuitos; fortalecimiento de la transparencia en los procesos de asignación y promoción de plazas docentes; dignificación de la infraestructura educativa y ampliación del Programa de Becas para el Bienestar.

Noté una pequeña discordancia con la diatriba que trae el Presidente contra las universidades y el pensamiento independiente en general, aunque quizá fue nada más para salir del paso. La secretaria Delfina Gómez Álvarez aseveró que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene su reconocimiento y que es respetuosa de todas las instituciones.

Sin embargo, no lo hizo por iniciativa propia, fue en respuesta a la senadora Beatriz Paredes quien impugnó: “No quisiera leer, en la embestida que ha padecido (la UNAM), el inicio de una estrategia de carácter político para sojuzgar a las universidades públicas y eliminar a la autonomía universitaria”. Todavía no era visible el asalto al Centro de Investigación y Docencia Económicas.

La embestida contra la educación pública también se percibe en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022. Contradice el lema de primero los pobres. Por la vía del financiamiento elimina cinco programas emblemáticos de apoyo a los desfavorecidos: Escuelas de Tiempo Completo; Atención a la Diversidad de la Educación Indígena; Atención Educativa de la Población Escolar Migrante; Programa Nacional de Convivencia Escolar, y Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica.

Además, desfonda programas de capacitación docente, gastos de operación, mejora de materiales y servicios personales. Sólo crecen montos para becas y un poco para infraestructura.

Este presupuesto, con la divisa de la austeridad republicana, conduce al precipicio a la educación pública. Acaso así será como se recuerde al presidente López Obrador en el futuro.