La desconfianza de los mexicanos

Dice el refrán popular: la burra no era arisca, la hicieron a palos. No es gratuita ni fortuita, la falta de confianza de los mexicanos en muchas de las instituciones que deberían generarla en términos de seguridad, política y gobierno.

La Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci), llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2020, da resultados porcentuales a la confianza (y desconfianza) que tenemos en instituciones y grupos sociales. Las universidades públicas tienen la confianza del 70% de los encuestados; seguidos por el Ejército y la Marina (64% cada uno); INE (61%); Guardia Nacional (60%). Ya en niveles reprobatorios siguen: el Presidente López Obrador (53%), sacerdotes y ministros de culto (51%), medios de comunicación (49%), policía (28%), senadores y diputados (23%), y los partidos políticos (22%). De todos los encuestados, 73.4% dijo haber escuchado o saber qué es la democracia. De éstos, sólo el 52.7% dijo sentirse algo o muy satisfecho con ella en nuestro país y 46.8% dijo sentirse poco o nada satisfecho.

Queda claro que la mayoría de los mexicanos no le confiaría un hijo o su billetera a un senador, diputado, policía, político o a sus partidos. Sin embargo, les damos nuestro voto, sabiendo que, aunque no son de fiar, no tenemos otra opción que escoger al menos malo o al que engatusó a la mayoría con carisma y falsas promesas mesiánicas. La aplicación de la ley en México para todos estos grupos es letra muerta; la corrupción inunda gran parte de la función pública, los cargos de elección popular, la burocracia y las fuerzas de seguridad. Esto, a su vez, se traslada a las empresas privadas de todo tipo: desde un puesto de comida hasta las grandes corporaciones que tienen la disyuntiva de entrarle a la transa o tratar de hacer negocios en forma legal, buscando defenderse de los criminales organizados que piden derecho de piso o los grandes esquemas de corrupción institucional.

¿Cómo podemos cambiar esto? El voto no es suficiente porque los ciudadanos no escogemos a los candidatos, nos la tenemos que ver con quienes los partidos políticos seleccionan en todos los niveles. Hemos escuchado en los medios noticiosos acerca de exámenes de confianza que se aplican a servidores públicos, sobre todo a los que trabajan en corporaciones policiacas y de investigación, pero no a los políticos ni a los miembros del gabinete. La Fiscalía General de la República tiene un Centro de Evaluación y Control de Confianza, en donde se aplican cinco exámenes a servidores públicos: 1. Entorno social y situación patrimonial: se verifica la congruencia entre la información y los documentos presentados, analizando si el entorno de los servidores se apega a los principios de cada institución; 2. Psicológico: para conocer e identificar las características de personalidad, inteligencia y habilidades; 3. Poligráfico: a través de reacciones psicofisiológicas se detecta la veracidad de la información y la conducta que rige al individuo; 4. Médico: para conocer el estado de salud; 5. Toxicológico: determina si el servidor ha ingerido o ingiere psicotrópicos o estupefacientes.

¿Se puede imaginar cómo cambiaría el país si estas pruebas fueran aplicadas al Presidente y secretarios en turno? ¿A senadores, diputados, presidentes municipales y delegados? ¿A los jefes de las instituciones de seguridad? ¿A quienes dan permisos para negocios? ¿A los líderes de los partidos políticos? Ya que las universidades públicas (y algunas privadas) gozan de la confianza de casi 8 de cada 10 mexicanos, sería ideal que fueran las responsables de aplicar estas pruebas a todos los antes mencionados, por lo menos cada dos años. Para evitar presiones, los resultados podrían ser ingresados de origen a un sistema que pudiera codificar los nombres de los evaluados con la finalidad de mitigar el riesgo de que quienes hagan la interpretación de los mismos tengan la tentación de alterarlos o que sufran de presiones externas con el mismo fin.

Imagine que un secretario de Estado, senador, diputado, miembro de un partido político no acredite las pruebas de confianza. ¿Suena algo remoto, no cree? Más allá del sarcasmo, y de que seguramente la mayoría interpondría quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los resultados de estas pruebas nos hablarían de quiénes son las personas que están pidiendo nuestros votos. Que no se nos olvide que son nuestros empleados y trabajan para todos los mexicanos, empezando por el Presidente. ¿Con cuántos de ellos nos quedaríamos?