El plagio en la Suprema Corte

La corrupción se ha alojado oficialmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Gracias a Guillermo Sheridan, académico e investigador de la UNAM, México se enteró de que la ministra Yasmín Esquivel Mossa presentó una tesis plagiada en 1987 para obtener su título como abogada; la UNAM ha confirmado oficialmente que el trabajo que defendió la pasante Esquivel en su examen profesional fue “copiado sustancialmente".

Esquivel fue propuesta para la SCJN por el presidente López Obrador, quien prometió acabar con la corrupción desde el primer día de su administración. Varios sectores políticos y sociales se opusieron a la nominación de la doctora Esquivel, alegando un conflicto de intereses (su esposo, José María Riobóo, ha llevado a cabo varias obras de infraestructura en las administraciones de AMLO, del entonces Distrito Federal y ahora en la Presidencia). Fue elegida en marzo del 2019 y desde entonces ha votado 67% a favor de las iniciativas del Presidente y su partido. En diciembre pasado era la favorita de AMLO para suceder en la presidencia de la corte al ministro Zaldívar. Sus aspiraciones se vinieron abajo con las revelaciones de Sheridan, lo que abrió el camino para que la ministra Norma Lucía Piña se convirtiera en la primera mujer en presidir el tribunal supremo de la nación.

Entre las muchas voces que han levantado la voz contra de la permanencia de la ministra Esquivel, resalta el pronunciamiento del Consejo General de la Abogacía Mexicana (CGAM), conformado por los tres colegios de abogados más prestigiados del país (la Asociación Nacional de Abogados de Empresas [ANADE], la Barra Mexicana de Abogados [BMA], Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México [INCAM]), quienes piden la renuncia a Esquivel.

Entrevisté al presidente del CGAM, licenciado Gerardo Nieto Martínez, quien divide la situación en dos rubros: jurídico y ético. En el primero, está en desacuerdo con el abogado general de la UNAM, quien dictaminó que no había elementos jurídicos para que se le retire el título. Según Nieto Martínez, “las universidades expiden títulos que son enviados a la SEP, en específico a la Dirección General de Profesiones (DGP), que inscribe esos títulos en un control y, como consecuencia… expide la cédula profesional, que es una patente para ejercer la profesión a que el título se refiere. El artículo 67 de la Ley Reglamentaria del artículo 5to Constitucional en materia de profesiones, establece que la DGP tiene facultad para retirar o cancelar los títulos cuando haya precedido falsedad o error en la información que se proporcionó”. Es decir, la UNAM sí podría cancelar el título y la SEP la cédula profesional.

Nieto también señala que se puede debatir el plagio académico como un delito, ya que «la palabra “plagio” no se menciona en el código penal, lo que valdría un análisis a la luz del derecho penal. Aunque las pruebas presentadas por la ministra Esquivel han sido desmentidas tanto por el autor original de la tesis como por el notario que supuestamente emitió un documento a favor de la ministra, aunadas a las declaraciones basadas en estas pruebas, pasando por un análisis cuidadoso de las mismas, se pueden considerar como falsedad de declaraciones».

En caso de que se dictamine la anulación del título universitario de la ministra Esquivel, ¿qué sucede con todos los juicios, votaciones y procesos en la SCJN, el Tribunal Administrativo y todos los procesos legales en los que ha participado? ¿Son válidos los juicios? ¿Pueden ser impugnados? Nieto es de la opinión de declararlos válidos, pues en ese momento Esquivel ejercía de acuerdo a su encargo. Es a partir de que se le retire el título cuando “ya no es abogada”, aunque reconoce que hay terreno para que quienes no fueron favorecidos por las instancias donde Esquivel presidió y participó, puedan pedir amparos o nuevos juicios.

Con respecto a la parte ética, Nieto considera que “si hay un poquito de decoro, poquito de paciencia, incluso procurar tener un poco de paz interior, lo mínimo que puede hacer es renunciar… por respeto a la SCJN, al Estado de derecho y a la sociedad mexicana”. Aunque no existe un protocolo, la Constitución sólo establece que para separar a un ministro de su cargo es necesaria una “causa grave”, que parece evidente en este caso.

¿Cuánto tiempo permanecerá Esquivel en la Corte? El Presidente confiaba en ella para aumentar su influencia en la SCJN. Ahora, sólo es un reflejo de la corrupción y una carga para esta administración.