El grave riesgo de volver al pasado
Durante todo el siglo XX ningún ciudadano podía pedir cuentas a quienes ejercían el poder gubernamental en cualquier nivel, a menos que fuera a través de un juicio, pero esto no garantizaba el acceso a la información requerida. Por ello, los mexicanos no conocían detalles de presupuestos, licitaciones, salarios y patrimonios de funcionarios.
La presente administración ha tomado todos los pasos para regresar a la dictadura disfrazada de democracia que existió desde final de la Revolución, donde el todopoderoso presidente tomaba las decisiones que creían le convenían al país, pero, sobre todo, a él mismo. Colaboradores cercanos que le brindaban lealtad basada en las ganancias económicas y de poder que salpicaban desde arriba. Cuando terminó la guerra interna, todos los gobernadores de todos los estados formaban parte del mismo partido del presidente hasta 1989, cuando se eligió al primer gobernador de oposición; este cambio tomó 60 años. Algo parecido pasaba en la Cámara de Senadores, que hasta finales del siglo XX tuvo miembros de la oposición.
¿Por qué López Obrador quiere desaparecer los órganos autónomos como el INE, el Inai, la Cofece y el IFT? Todas estas instituciones han evitado que el poder absoluto le pertenezca al Presidente y su partido. Desea que el Ejecutivo (pero sólo él y su elegida) dictaminen el futuro de México, sin interferencias ni contrapesos.
Los jóvenes entre 18 y 39 años, que son quienes conforman la mayor parte del electorado, no han experimentado las consecuencias del presidencialismo absoluto del siglo pasado. En la elección presidencial de 1988, al cerrar las casillas, los conteos rápidos daban una clara victoria al candidato de oposición, Cuauhtémoc Cárdenas, sobre el oficialista, Carlos Salinas. “Misteriosamente” el sistema de cómputo de votos colapsó apenas iniciada la noche y cuando volvió a funcionar Salinas ya tenía una ventaja insuperable, anunciada por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett (sí, el mismo que ahora dirige la CFE). A raíz de tan descaradas acciones, la sociedad civil, junto con los partidos de oposición, presionaron para la creación de un órgano electoral autónomo: el Instituto Federal Electoral, predecesor del INE. Este órgano, que ha dado transparencia y veracidad a los resultados electorales del país, ahora es atacado y presionado por el Presidente, a pesar de que legitimó su llegada al poder.
Durante todo el siglo XX ningún ciudadano podía pedir cuentas a quienes ejercían el poder gubernamental en cualquier nivel, a menos que fuera a través de un juicio, pero esto no garantizaba el acceso a la información requerida. Por ello, los mexicanos no conocían detalles de presupuestos, licitaciones, salarios y patrimonios de funcionarios. Lo que decía el Presidente y todo el aparato gubernamental no podía ser cuestionado, con sus evidentes actos de corrupción y abuso de autoridad. El cinismo del momento queda representado por la frase lanzada por un diputado, gobernador, regente del DF y dos veces secretario de Estado, Carlos Hank González: “Un político pobre es un pobre político”. Por iniciativa del primer presidente de oposición, Vicente Fox, se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (ahora Inai), que obliga a los funcionarios públicos a proveer la información requerida por cualquier ciudadano. Así, nos enteramos de los grandes actos de corrupción como la Estafa Maestra y la Casa Blanca del sexenio de Peña, junto con la Casa Gris, los sobrecostos del Tren Maya, la refinería en Tres Bocas y sobre el mayor fraude de esta administración, al momento, en Segalmex. ¿Ahora entiende la razón para buscar su desaparición?
En aquellas épocas, el gobierno daba todos los servicios de comunicaciones. No existían los celulares, solamente los teléfonos fijos, servicio postal y telegramas. Si uno se mudaba de casa, podían pasar meses o años para conseguir una línea telefónica (que se heredaban de padres a hijos); lo mismo si había una falla en el servicio, además de que hablar a otra ciudad o país era ofensivamente costoso. Sólo un puñado de colonias o municipios tenían TV por cable. Eso cambió con la llegada de capital privado y el IFT.
Los monopolios privados y del gobierno en cientos de bienes y servicios como el azúcar, TV abierta, telefonía y muchos más, cobraban lo que les venía en gana, mientras el consumidor no tenía derechos y necesitaba de una “palanca” para lograr que algo sucediera. Imposible pensar en comprar zapatos deportivos, golosinas, electrónicos, juguetes de importación y todo lo que ahora damos por hecho, gracias al Tratado de Libre Comercio y al trabajo de la Cofece.
La propuesta de la elegida de AMLO se basa en la continuidad de la administración más desastrosa del México moderno. Aún no conocemos las propuestas de la oposición, pero se avecina una batalla por el alma del México que podemos ser o regresar al siglo pasado con su funesta historia.
