El fracaso del Estado de derecho en México

Hace unos días la organización World Justice Project (WJP) presentó los resultados del índice del Estado de derecho en México, que no fueron nada halagadores.

WJP es una organización multidisciplinaria independiente que trabaja para crear conocimiento y conciencia del Estado de derecho en todo el mundo, estimulando acciones que fomenten el avance del mismo, impulsando la justicia, oportunidades y paz. Tiene tres metas primarias relacionadas con el Estado de derecho (ED): 1. Incrementar su entendimiento e importancia fundamental. 2. Mayor adherencia de los gobiernos al ED. 3. Creación de cultura multidisciplinaria del ED en todos los países.

En su estudio anual, evalúan ocho factores en su medición: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. El índice del Estado de derecho utiliza una escala de 0 a 1, donde 1 indica total adhesión al ED y está basado en tres fuentes de información: encuestas a la población en general, cuestionarios a especialistas y fuentes terciarias. Los resultados en detalle pueden ser consultados en www.worldjusticeproject.mx

México está lejos de un Estado de derecho ideal: el promedio del estudio en los 32 estados es de 0.42, es decir, el país está reprobado por completo. La justicia, o la ausencia de la misma, marcan el día a día de los mexicanos. Los resultados de un año a otro muestran que el espacio cívico para la sociedad civil, partidos políticos y prensa para poder ser contrapesos al poder público retrocedieron en 20 estados. La seguridad tiene altas cifras de homicidios, incidentes en general y prevalencia delictiva, aunque, extrañamente, la percepción de seguridad entre la población se incrementó en veinte estados. La lucha contra la corrupción está estancada, sin cambios en 10 estados, disminución en siete e incrementos marginales en 15 entidades. El sistema de justicia civil mostró pequeñas mejoras en 21 estados, disminución en ocho y sin cambios en tres. En el área de justicia penal, éste es el más bajo, con 0.37, aun con incrementos marginales en 16 estados, descensos en nueve y sin cambios en siete.

A nivel nacional, promediando los ocho factores, los estados mejor evaluados fueron Querétaro (0.49), Guanajuato (0.48), Aguascalientes y Yucatán (0.47), todos ellos con gobernadores de oposición (PAN). Los estados peor evaluados, empatados con 0.36, son Morelos, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México y Quintana Roo en último lugar, todos ellos con gobiernos emanados de Morena, a excepción del Estado de México, con un gobernador del PRI.

Si analizamos los resultados por cada factor, Querétaro encabeza cuatro, Guanajuato tres y Yucatán uno. Por otra parte, la Ciudad de México se ubica en el último lugar en tres factores, Veracruz en dos y Estado de México, Quintana Roo y Guerrero los tres restantes.

El WJP no hace ningún pronunciamiento político y basa sus resultados en metodologías que no son influenciadas por consideraciones políticas. Es decir, están basadas en métodos científicos con márgenes de error aceptables en estudios de este tipo. Y lo que dicen los números es muy claro.

El Estado de derecho en México se encuentra en condiciones deplorables, así, sin delicadezas. Pero eso ya lo sabemos los ciudadanos. No creo que sea casualidad que los estados mejor evaluados se encuentran gobernados por políticos de oposición a las formas y fondos dictadas por el presidente López Obrador. Por otra parte, las entidades peor evaluadas tienen gobernadores emanados de Morena. Aquí no hay “otros datos”.

El gobierno de AMLO ha fracasado en forma estrepitosa a los mexicanos. Su partido ha comenzado ya el proceso para elegir a su candidato (en el proceso violando las leyes y periodos electorales con meros tecnicismos) y la preferida del presidente, Claudia Sheinbaum, gobernaba una de las entidades con menor índice de Estado de derecho. Los otros candidatos de Morena han sido cómplices y comparsas: en el Senado y en las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores. La popularidad del Presidente puede no ser suficiente para garantizar el triunfo en las elecciones del año entrante. Pero la oposición está dividida por la incompetencia del PAN, la corrupción del PRI y la renuencia de MC.

Definitivamente, México se merece mejores políticos, que gobiernen para el bien de los ciudadanos y no de ellos mismos y sus partidos.