Seguir el dinero

El desarrollo de macrodatos y la digitalización de las transacciones financieras abre un mundo de posibilidades para que los gobiernos rastreen operaciones sospechosas. Seguir el dinero es la mejor forma de enfrentar al crimen organizado. El gobierno tenía a su disposición los sistemas para hacerlo y los instrumentos legales para acusar penalmente a los responsables. El éxito en esos casos no es fácil, por los recovecos que la ley ofrece a quien tiene dinero para pagar un buen abogado; aunque, en general, el gobierno no actuaba debido a consideraciones políticas.

El caso más revelador es Odebrecht. Aun con confesiones de los directivos brasileños sobre los sobornos a Lozoya, el gobierno anterior se hizo de la vista gorda. Dado que ese dinero presuntamente terminó en la campaña de Peña Nieto, Santiago Nieto, titular de la Fepade, trató de armar el caso penal contra Lozoya. Fue destituido en octubre de 2017.

Las acciones penales contra Alonso Ancira y Emilio Lozoya  deberían ser el inicio de una sistemática sanción a todas las transacciones fraudulentas del pasado. Ello implicaría la ruptura de la promesa de AMLO de olvidar el pasado. Habría que celebrar si está cambiando de opinión. Sin embargo, el riesgo de todo instrumento de poder en manos del Estado es que se utilice selectivamente con fines políticos. Por eso no me gusta la ampliación del catálogo de delitos que llevan a prisión preventiva oficiosa. Un ciudadano con gasolina robada en su tanque puede ser encarcelado, si el gobierno decide usar ese poder en contra de un adversario. Lo mismo puede pasar con acusaciones de lavado de dinero. Lo vimos contra Ricardo Anaya en la elección presidencial.

¿El riesgo de ser acusado de lavado disuadirá a algún senador a votar a favor de la reforma sobre la revocación de mandato? La oposición ha prometido no hacerlo. PAN, PRI, MC y PRD ya lograron frenar la reforma una vez en el Senado. A Morena y a sus aliados les faltan nueve votos para conseguir la mayoría calificada necesaria para lograrlo. Lo quieren votar nuevamente la semana entrante. En caso de que algunos senadores de oposición cambien el sentido de su voto y le concedan a AMLO ese poderoso instrumento para influir en las elecciones intermedias de 2021 y de 13 gubernaturas, una hipótesis es que estarían siendo amenazados de correr la suerte de Ancira y Lozoya.

Por eso, en los países democráticos perseguir o no a un criminal no es decisión discrecional ni depende de quien encabece el gobierno. Al Presidente, a lo mucho, se le informa ya que se va a hacer público. Las investigaciones se realizan cuando hay información, no importa el involucrado. Toda carpeta de investigación se debe llevar hasta su fin. Nadie puede “perder” el expediente o dejar de investigar.

AMLO aclara que el asunto viene del pasado y la instrucción es que se presente ante la FGR todo lo que está en curso. Ojalá siga por ese camino. También está obligado a instruir que se inicie toda nueva investigación que tenga los méritos. Si encontró un cochinero, tiene que denunciarlo. No basta con el discurso del combate a la corrupción o un par de casos visibles. Se requieren instituciones con margen de autonomía para perseguir a cualquier presunto culpable. Construir estas instituciones será la prueba de fuego para el nuevo régimen. Veremos entonces si los casos de Ancira y Lozoya, aplaudibles con la evidencia disponible en los medios, constituyen un paso para mejorar el combate de la corrupción o si se trata de casos aislados que conllevan un potencial disuasorio para quienes no terminan de alinearse con la 4T.