Un viejo cuento

Se viven días aciagos para la justicia en nuestro país. Nos hemos convertido –desde hace mucho tiempo, por supuesto– en una sociedad en la que se tiene poca expectativa acerca del desempeño de quienes conforman cada uno de los escalones de esa pirámide totémica que es el Poder Judicial. Aunque en el papel se nos enseña que dicho poder es uno de los pilares de la Federación que, gracias a su autonomía con respecto al Ejecutivo y el Legislativo, podría garantizar que cada una de sus acciones se finque en una legalidad a prueba de cualquier acto que la vulnere, que quebrante la ley. Sin embargo, la historia contemporánea de nuestro país nos ha obligado a ser suspicaces y a mirar con sospecha la probidad de este poder cuando se ha consolidado a la sombra de quien es la máxima figura del gobierno, el eje gravitacional de las decisiones y cúspide del servilismo: el Presidente de la República.

No es gratuito recordar aquella frase –que se ha vuelto un lugar común, a raíz del despropósito de terminar con el cambio de horario– en la que se entiende la dimensión de este sórdido vínculo:

–¿Qué hora es?

–La que usted diga, señor Presidente.

Nadie sería capaz de negar que el presidencialismo es una de las mejores herramientas de quienes llegan al poder gracias a una sociedad que está muy acostumbrada al paternalismo de quien emplea los programas sociales para consolidar su imagen como el adalid de la justicia y quien ofrece esperanza a manos llenas –claro, hasta donde alcance el presupuesto y termine el calendario electoral.

Así, bajo este esquema tan conocido, llegan las promesas de cambios y transformaciones cada que se avecinan elecciones de cualquier tipo. Ése es el deporte nacional que mejor resultados genera: sumar promesas de campaña y comprar espejismos. De esta manera, aunque la retórica del actual gobierno sólo convenza a quien mantiene una fe ciega y sorda –o una prebenda que cuidar–, al sostener que nada es como antes y que son diferentes, pues, en el ámbito de la justicia y la legalidad, las cosas parecen indicar algo muy distinto.

Lo más relevante es que no ha sido necesario esperar a que concluya el sexenio para analizar cada una de sus acciones y percatarse que sólo de promesas –y remesas, por cierto– ha vivido el actual sexenio. Desde aquella consulta populista en la que se preguntaba al “pueblo bueno y sabio” acerca de llevar a juicio a expresidentes, ni los resultados ni los alcances eran lo que se esperaba. Extraña forma de percibir la justicia: un ránking de popularidad que no llevaba a ningún lado. Si existen delitos que perseguir, el camino es otro, no el de la parafernalia justiciera ni el circo mediático.

Sin embargo, esta obra digna de la farsa y el esperpento ha alcanzado niveles propios del absurdo. Baste recordar las palabras de López Obrador –cuando se analizaba la propuesta de la reforma eléctrica– con las que terminó por definir el carácter de su mandato “[…] que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”. Pues sí, ese cuento existe, a pesar de los exabruptos presidenciales.

El “cuento” se seguirá evocando cual recordarse el proceso judicial de Emilio Lozoya y las grabaciones que nos revelan el tejido del poder que existe detrás de este caso. Y si nos referimos a situaciones que pondrán en vilo el cuentito de la ley, vaya caja de Pandora la que ha destapado Layda Sansores en su enfrentamiento con Alejandro Moreno, presidente del PRI: entre grabaciones y amenazas veladas a las diputadas de ese partido, la frágil legalidad estará en vilo.

En otro pequeño acto de esta farsálica idea de la ley, ha sido tan revelador y divertido el sainete acerca de las presuntas operaciones de procedencia ilícita de Enrique Peña Nieto. Y no sólo es cuestión de un tuit borrado en la cuenta oficial del gobierno de la República: es el anuncio a los cuatro vientos de que inicia la guerra, enviando un memorándum con muchos meses de anticipación. ¿Sucederá algo? La respuesta no parece exigir un análisis muy sesudo.

Y, para cerrar la semana, el caso de la tragedia de la Línea 12 es otro prístino ejemplo. Desde el 3 de mayo de 2021, han transcurrido 14 meses y aún no existe culpable alguno; sólo movimientos políticos que dejan de lado a los que perdieron a sus familiares y a quienes sufrieron alguna lesión. Lo que llama la atención es el argumento bajo el cual se anuncia que la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, no será parte de las investigaciones. ¿Por qué? Las respuestas tampoco necesitan de un marco filosófico de posgrado. Tal vez el viejo cuento de la ley se debe leer en nuestro país con más regularidad y en voz alta para no reprobar en el examen de la impunidad.