No cabe la menor duda que nos encontramos en un punto que resulta incómodo para algunos y necesario para otros más. Es un momento en el que se discute –por llamarlo de una manera elegante– uno de los temas que se ha constituido como uno de los indicativos más claros para dimensionar la naturaleza de los gobiernos federales y estatales durante las dos últimas décadas: hablar acerca de la violencia que encuentra uno de sus tantos rostros en las desapariciones, en la crisis forense y en las fosas clandestinas es uno de los aspectos en los que nadie, a nivel gubernamental, recibiría el mínimo reconocimiento. Y vaya que, durante esta semana, a partir de la publicación del informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED por sus siglas en inglés), han quedado expuestas no sólo las posturas acerca de esta lacerante desgracia, sino que también se ha exhibido la miseria que hay detrás de cierto discurso que, vaya ironía, sólo ha subrayado la necesidad de exigir una mayor transparencia en este tema.
Y, en efecto, esta última palabra adquiere sentido cuando, en el combo de discursos vacuos y chabacanos, observamos que esa posible transparencia no se puede definir cuando sólo prevalece el monólogo gubernamental, ya convertido en guion y principio para quienes anteponen su fanatismo y, quizá, la mirada de sus propios intereses ante una realidad que no necesita de matices. Quizá, en ese sentido, los pronunciamientos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y la postura oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son el claro ejemplo de quienes han optado por ser los escribas y pregoneros de vacuas apologías del gobierno federal. En ese sentido, el papel de la CNDH ha llegado a ser tan lastimero como el personaje de una tragicomedia muy mal escrita.
Así, la necesidad de transparencia que se requiere en este momento se va diluyendo entre la incertidumbre que ha provocado la desaparición de organismos e instituciones que, aún con sus respectivas deficiencias, brindaban la posibilidad de sumar a la discusión pública otro tipo de información que derivaba en un análisis crítico y de estadísticas que no estaban sujetas al espejismo de la condescendencia. Se ha apostado porque prevalezca una sola voz, el soliloquio gubernamental que no acepta concesiones cuando se trata de aquello que puede erosionar su imagen, su famosa popularidad. En su tablero del poder se ha configurado lo necesario para que la opacidad, las “verdades a medias” o los eufemismos sean los que dominen el espectro de su comunicación. Sin embargo, al tratarse de algo tan delicado y grave como es la violencia, de la muerte que todos los días camina a la vera de nuestros pasos y es noticia que se ha vuelto una costumbre, se necesita de muchísimo más para que reinara su ilusión del silencio.
Porque nada es tan contundente como las voces de quienes conforman los colectivos de búsqueda, de quienes saben lo que implica una desaparición en su propia vida, en la vida de sus familias y de la gente cercana. Quienes han sufrido eso que los discursos más refinados del corifeo oficialista han matizado e intentan omitirlo dentro de sus peroratas, pues entienden lo que han sido las respuestas de la autoridad judicial ante sus peticiones y reclamos –porque alrededor de tres mil carpetas de investigación ante casi 130 mil casos de desaparición es un indicativo en sí mismo, ¿no es así?–. Las miradas y la noticia no sólo tendrían que estar en el triste espectáculo de la Suprema Corte de Justicia. Nada podría compararse a la tragedia que se respira cuando una buscadora es asesinada y todo se reduce a una estadística más. Y tampoco se le impone el silencio a quienes han luchado en contra del olvido y la ignominia en cada palmo de tierra que cubre las fosas clandestinas. Sin embargo, ante la contundencia de la realidad, el fino hilo de la opacidad se ha engarzado en la reclasificación y la retórica propagandística que termina por ensordecer con el sonsonete de sus murmullos
Por cierto, ¿alguien ha visto el actuar de la llamada oposición con respecto a este asunto? ¿Algún posicionamiento contundente? Sabemos la respuesta, porque nadie debe omitir que el informe de la CED también apunta a los gobiernos que precedieron al actual régimen, subrayándolo a través del hilo conductor que se va engarzando en todo su análisis: la impunidad. Quizá por ello se necesita, con urgencia, seguir matizando y llenar de maquillaje discursivo la perspectiva de la realidad, pues a la partidocracia le incomoda que se hable de impunidad, corrupción y opacidad, piedras fundamentales de la tragedia que hoy también define a nuestro país.