El velo de la opacidad

En el fenomenal mundo de los “otros datos”, que el actual gobierno ha impuesto sin menoscabo desde los primeros días del sexenio, había una materia pendiente que les urgía abordar ante la irrupción de unos tiempos electorales que se adelantaron ante la complacencia de quienes miran a otro lado cuando la ilegalidad se ilustra en anuncios espectaculares o en mítines que, al parecer, sólo son en reuniones para ofrecer clases de una oratoria rampante y ser obsequiosos con quienes asisten a aplaudir sin detrimento —que no se piense otra cosa, por supuesto—.

Así, justo en el centro del remolino de información que a veces se nos escapa del entendimiento, esta semana se colocaron ante nuestra mirada dos aspectos que son el perfecto resumen de lo que ha caracterizado al actual sexenio y que, como sociedad, también nos posiciona en una franca tensión entre esa quimera llena de absurdos que se tiñen de guinda —y al pregonarse en la tribuna del Palacio Nacional se consideran una verdad de facto— y, por otro lado, una realidad que no necesita de sesudos análisis políticos para concluir que no todo se reduce a discursos fundamentados en el oportunismo y la simplonería que se desdibujan en lo cotidiano.

No es una simple coincidencia que, durante estos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara a favor del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido comúnmente como el Inai, para que retomara sus sesiones con sólo cuatro de sus miembros. Este fallo es una apuesta por la transparencia en medio de un inagotable esfuerzo gubernamental por llenar de humo, ruido y estridencia mediática toda exigencia que implique brindar explicaciones acerca de sus decisiones en cuanto a la administración de los recursos y esclarecer las sospechas que existen en cada una de las obras que se presumen como insignia. Luego de casi cinco meses en los que se apostó por paralizar a este organismo —que no se omita que las y los abanderados del oficialismo en el Senado son los principales artífices de este ardid que aspira a mantener intacta la popularidad del inquilino de Palacio Nacional— se presenta una nueva alternativa para obligar a que la información llegue a las mesas en donde se discuta el presente y el futuro de nuestro país. Sin embargo, aún faltaba que la caprichosa fortuna pusiera ante nuestra mirada otro ejemplo de ese intento del gobierno por fundamentar su visión de la realidad con esos “otros datos” que sólo han servido para alimentar la ciega fe de sus partidarios.

Sabemos que cuando se refiere a quienes son considerados sus contrincantes y desalmados enemigos que conspiran en contra del inmaculado gobierno, el primer mandatario y quienes participan de esta estrategia, no dudan en exhibir sus datos y tergiversar la información según sea necesario para cumplir sus objetivos políticos. Tampoco se omite que, cuando se trata de defender sus “otros datos” y sus asombrosas interpretaciones, el arrebato y el “humor” dominan los escenarios. Y será a este ámbito discursivo al que se pretende reducir una estadística que, sin duda, es un simple indicador de todo el dolor que existe detrás de cada número y del fracaso de la política de seguridad.

Así, hace un par de semanas, el especialista Jacobo Dayán había comentado algo que, en un principio, se podía leer con cierta perplejidad: el gobierno federal realizaría un movimiento cuyo objetivo sería el de disminuir el número de desapariciones. En ese contexto, la renuncia de Karla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha destapado una nueva caja de Pandora: se ha dado a conocer la injerencia de la Secretaría de Bienestar en un proceso que es delicado y complejo en su propia naturaleza. Ya se intuye que la irrupción del escuadrón electoral de este sexenio para incidir en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, sin que se dé a conocer la metodología de su “censo” y sin la preparación adecuada para tocar a la puerta de esas familias que han sufrido lo indescriptible, sólo expresa la urgencia por crear esos “otros datos” en el umbral de un nuevo proceso electoral.

Lo que menos hace falta en nuestro país —al que se la ha comparado metafóricamente con una fosa común por la terrible cantidad de homicidios y desparecidos— es permitirnos que se minimice este horror como moneda de cambio y permita una simplista interpretación estadística. En efecto, tal como en otro tiempo lo exigieron —y explotaron políticamente— quienes hoy buscan justificar su malograda política de seguridad colocando el velo de su opacidad.