Hace unas horas, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la administración del presidente Joe Biden puede levantar el Protocolo de Protección a Migrantes (PPM), mejor conocido como Quédate en casa, medida implementada por el expresidente Donald Trump que obligó a que miles de migrantes que solicitan asilo al gobierno estadunidense tuvieran que esperar las respuestas de las cortes migratorias del lado mexicano de la frontera.
Sin duda, se trata de una victoria legal importante para las aspiraciones de quienes buscan alivios migratorios en ese país, no obstante, es necesario señalar que esta medida no es inmediata ni tampoco sencilla de implementar, además de que se suma a la política Título 42, también implementada por el expresidente Trump, la cual incentiva la remoción expedita en la frontera por causas sanitarias a partir de la pandemia por covid-19 a cualquier persona que no cuente con un documento válido de internación a Estados Unidos.
En ese sentido, vale la pena destacar que tanto el PPM como el Título 42 han puesto en una encrucijada al sistema migratorio al impedir que miles de personas soliciten asilo como parte de sus derechos, de acuerdo con las leyes estadunidenses e internacionales. Si bien estas dos medidas tienen diferentes orígenes, efectos y fundamentos, la anterior administración republicana implementó ambas para evitar que la mayor cantidad de personas ingresaran a Estados Unidos.
A pesar de que lo dispuesto en la Suprema Corte, favorece la atención de miles de solicitantes de remedios migratorios, no permitió a la administración actual derogar de inmediato el programa, sino que le devolvió el tema a la Corte federal en Texas, que inicialmente lo había retado. El gobierno aún debe mediar ante esa corte y convencer al juez Matthew Kacsmaryk, asignado por el expresidente Trump para que interpusiera el recurso legal para mantener la vigencia del PPM que, al invalidar este programa, no se viola ninguna ley administrativa.
A pesar de que es poco probable que se vuelva a rechazar en la corte federal en Texas, en caso de que ocurriera, volvería a navegar el sistema federal a la Corte de Apelaciones del distrito que le corresponde y, de ser necesario, regresar a la Suprema Corte.
Con esta decisión de cinco de los nueve jueces del máximo tribunal de justicia, se sienta un precedente al restaurar el debido proceso en materia migratoria, en particular, sobre las leyes y normas relacionadas con el proceso de solicitud de asilo, a partir de la perspectiva de cómo un asunto de jurisdicción interna tiene injerencia y repercusiones fuera de sus fronteras.
Mientras tanto, son alrededor de 70 mil personas migrantes, incluyendo miles de niños, personas con discapacidad o enfermas las que tienen que esperar en ciudades fronterizas mexicanas en situación de vulnerabilidad, ya que, en muchas ocasiones, permanecen en tiendas de campaña, sin saneamiento, acceso a agua limpia, alimentos o servicios médicos y expuestos a la delincuencia.
Penosamente, el rol de las autoridades migratorias mexicanas ha sido la de un espectador más, a pesar de que se han realizado intentos de regularización y atención de esta población migrante, como generalmente ocurre la realidad supera las capacidades del Estado, el cual ha cedido su tan “discursiva” autodeterminación ante las presiones y amenazas estadunidenses.