Un embate más

La Cámara de Diputados aprobó la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), esto con la finalidad de integrar esos recursos al Gasto Público y que sirvan para programas sociales, así como de infraestructura. Ante esta situación, el Sindicato del PFJ llamó a un paro de labores hasta el 24 de octubre.

Siguiendo la orden del Presidente de la República, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, propuso esta iniciativa en un intento más de atacar la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una iniciativa que, según ellos, iba en contra de los “privilegios” de los ministros de la SCJN.

El mismo día que los diputados aprobaran la eliminación de los fideicomisos de la SCJN, se crearon dos para la Secretaría de la Defensa, quienes no han sido transparentes en el manejo de los recursos y por lo que se puede sospechar que este movimiento no es por la opacidad de la Corte, sino es por el contrapeso que representa hacía el Presidente.

Lo aprobado por la Cámara de Diputados no contempla un estudio a fondo de cómo afectará a los trabajadores del PJF, sólo mantienen que va en contra de la falta de transparencia por parte del máximo tribunal. De acuerdo con el coordinador de los diputados morenistas, el dinero que no era utilizado de su presupuesto, era trasladado a los fideicomisos donde sólo los ministros eran los beneficiados, esto de nueva cuenta, sin un sustento.

Desde Palacio Nacional se ha criticado la labor de la Corte por no trabajar a favor de la población, sin embargo, el Presidente omite comentar que los tribunales han otorgado amparos por lo que su gobierno dejó de hacer, por ejemplo, resoluciones a favor de los niños con cáncer para que puedan recibir quimioterapias o que las personas tengan acceso a las medicinas que esta administración dejó de comprar.

Además, en una tarjeta informativa compartida por la SCJN explica el funcionamiento de cada uno de los fideicomisos e indica que no hay subejercicio en el manejo de los recursos públicos, pues, cada instrumento tiene sus cláusulas y no es posible hacer modificación.

La Auditoría Superior de la Federación en sus reportes no ha encontrado irregularidades sobre el uso de recursos en el gasto de la SCJN, al contrario, sólo se han emitido recomendaciones de mejora. Contrario a las auditorías de la Conade y Segalmex que, incluso, han presentado denuncias en la Fiscalía por el desvío de recursos, cuyos dirigentes fueron propuestos por el Presidente.

No sólo están en juego las prestaciones de los trabajadores del PJF, también se encuentra en riesgo el acceso a la justicia de la población mexicana, que no sólo es el tema penal, sobre derechos de acceso a la salud, al trabajo, a un mejor medio ambiente, el tener una SCJN débil sólo sirve para que el gobierno pueda hacer lo que quiera sin tener consecuencias en el futuro y es otro embate, no solamente para el tribunal, sino también para la democracia y equilibrio de Poderes en el país.