Más allá de las urnas

En ese sentido, mucho se ha discutido y cuestionado dentro de la vida pública nacional respecto a que si se “debe o no” participar.

Finalmente, este fin de semana se estará llevando a cabo el ejercicio de revocación de mandato, a partir del cual la ciudadanía tendrá el derecho de elegir entre que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe o no dentro de sus funciones para las que fue electo en 2018. En ese sentido, mucho se ha discutido y cuestionado dentro de la vida pública nacional respecto a que si se “debe o no" participar y cuáles serían las consecuencias políticas a partir de los diversos supuestos que podrían desarrollarse.

En principio, la propuesta de efectuar un ejercicio revocatorio de mandato es loable. Forma parte de una cada vez mayor búsqueda de mejores marcos de incidencia ciudadana, a partir de procesos pacíficos y legítimos para involucrarse en la forma y fondo de nuestros gobiernos. Sin embargo, lo que hemos visto los últimos meses dista de este supuesto.

A diferencia de otros ejemplos alrededor del mundo, en donde es el clamor social de disgusto en contra de sus gobernantes del cual se legislan “salidas de emergencia”, en este caso es el propio Presidente, legítimamente electo, el que busca generar este antecedente de manera unilateral, sin tomar en cuenta una serie de implicaciones importantes.

Por ejemplo, al haber periodos presidenciales de 3 años, se atentaría en contra de la disposición de colaboración política, la búsqueda de consensos, en un escenario de por sí ya polarizado, propios de una democracia saludable que considera verdaderamente los intereses de toda la población no ocurriría. Por consecuencia, construir proyectos a mediano-largo plazo serían difíciles de conseguir.

Por otra parte, presupone un peligro, aún más, para la competitividad de México como país receptor de inversiones, en un contexto en el que se atenta abiertamente en contra de compromisos comerciales internacionales adquiridos, poniendo en duda la certeza jurídica del Estado, vital para los proyectos de inversión y, consecuentemente, el fomento de más y mejores empleos formales.

Ahora bien, más allá de los supuestos que puedan ocurrir a partir de este ejercicio, destaco dos puntos críticos para su análisis de fondo. Primero, que este ejercicio político nos dará un buen referente de lo que nos espera para las próximas elecciones en 2024, en donde estamos próximos a ya no hablar de liberales contra conservadores, sino de demócratas contra autoritarios, de acuerdo con la percepción de la coyuntura actual. De igual forma, servirá para que el grupo en el poder mida su capacidad de movilización territorial en condiciones adversas, sin recursos legales y una ciudadanía desmotivada, mientras que la oposición deberá analizar sus fortalezas y debilidades para cimentar su proceso de reconstrucción.

En segundo lugar, hemos visto, conforme se acerca la fecha, cómo el Presidente, funcionarios cercanos y virtualmente todo quien aspire a un cargo público en 2024, que ya no sólo descalifican e insultan a título personal a los integrantes del INE, sino que francamente entran en violación a las leyes electorales, perfectibles o no, con desinterés e incluso orgullo, bajo un manto de impunidad o como deciden llamarle “autoridad moral”.

Indistintamente del nivel de participación, de que su resultado sea vinculante o no, lo que destaca de todo esto es el debilitamiento institucional que se fomenta notoria y públicamente, así como la incapacidad de un movimiento de “reivindicación social" que no sabe cómo afianzarse ni legitimarse sin el cobijo del apellido López Obrador.

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