El fin de semana pasado se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Brasil en las que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y el actual Jair Bolsonaro se enfrentaron para decidir quién llevará las riendas de la segunda economía más pujante del continente, dentro de unas elecciones más cerradas de lo que las encuestas previas predijeron.
En este ejercicio democrático, en el que participaron más de 123 millones de votantes, el expresidente Lula obtuvo poco más de 48%, lo que lo convierte en el primer candidato de la oposición en obtener más votos que el presidente en ejercicio en su historia, mientras que el presidente Bolsonaro sorprendió con un más de 43% de preferencias, demostrando su fuerza política.
Este proceso electoral se ha calificado como el más trascendental de los últimos tiempos y de los más polarizantes, tanto que durante la carrera presidencial se escalaron eventos que llevaron a la muerte de simpatizantes a partir de un debate azuzado por discursivas contrastantes y el uso de estrategias como fake news que nutren acusaciones de fraude electoral sin pruebas, que vemos replicarse en varias latitudes del mundo.
Este escenario de encono e inestabilidad a partir de la cual empieza el proceso que llevará a una segunda vuelta electoral, la cual está pactada al final de este mes, en la que, por una parte, el presidente Bolsonaro quien, si bien llega con el poder de las instituciones del Estado y una mayoría en el Congreso, también acarrea una desaprobación elevada (que le valió una investigación parlamentaria), por el manejo de la crisis sanitaria por covid-19 que muchos consideran como desastrosa, al llegar Brasil a ser el segundo país del mundo con más decesos relacionados.
Por otra parte, el expresidente Lula da Silva, también acarrea un antecedente ligado a escándalos de corrupción y lavado de dinero que lo llevaron más de 500 días en la cárcel para después ser absuelto en un proceso que llegó hasta la Suprema Corte de ese país.
Independientemente de quien sea pronunciado ganador, la realidad brasileña demanda objetivos político/democráticos comunes que exigirán un consenso que no se vislumbra en el corto plazo.
La primera de estas prioridades es una reforma a las leyes tributarias que encaminen hacia una redistribución económica que incida en una mayor movilidad social y permita que más de 40 millones de brasileños salgan de la informalidad.
Otro tema pendiente por resolver en lo político es la sobrerrepresentación parlamentaria, la cual ha permito que subsistan casi una treintena de partidos, que han transitado del ideal pluralista a convertirse muchas veces en monedas de cambio dependiendo sus aspiraciones, intereses y subsistencia.
Se avecina una segunda vuelta intensa, divisora y contrastante.