Hace unos días, el Presidente reconoció, durante un evento público, que el sistema de salud mexicano “está muy mal” y que se trata de uno de los grandes temas pendientes por corregir en su administración, no sin antes culpar al pasado y a la pandemia por estos malos resultados. Si bien el diagnóstico es acertado, vale la pena distinguir cuáles son los dos factores principales que han llevado a este resultado y qué acciones se deben tomar para verdaderamente poder garantizar el derecho a la salud, como lo mencionó el Presidente desde Chiapas.
Una de las críticas más grandes que Andrés Manuel López Obrador hacía como candidato presidencial, es que las instituciones encargadas de proveer servicios de salud no sólo no lo hacían, sino que condicionaban el acceso, con frases como “el Seguro Popular no es seguro ni es popular”, el Ejecutivo intentó redefinir la estructura institucional mediante la centralización de los servicios médicos y seguridad social, retirando autonomías estatales sin considerar las necesidades particulares de cada uno de ellos. Sin embargo, este intento no continuó, dadas las complicaciones laborales, sindicales y presupuestales importantes que significaba.
En ese sentido, el Ejecutivo federal decidió eliminar el Seguro Popular, considerándolo un prestador de servicios médicos, cuando en realidad se trataba de una instancia con la que se procuraba financiamiento y acceso universal a la población que carecía de seguridad social. En su lugar, se creó el Insabi, una institución que a poco más de dos años terminó por ser absorbida por el IMSS, debido a la inexperiencia e incompetencia de sus funcionarios.
Con la adaptación ahora del IMSS-Bienestar no se incrementaron los servicios y acceso a la salud, sino que las entidades entregaron la administración de la salud a nivel federal bajo esta “nueva” estructura, el problema es que se eliminó la cobertura de millones de pacientes que sí habían adquirido el servicio.
El otro de los grandes temas pendientes es el desabasto de medicamentos, el cual se ha profundizado gracias, otra vez, a medidas incoherentes de funcionarios inexpertos que no han podido asimilar los retos y exigencias que conlleva la cadena de producción, almacenaje y distribución de medicamentos en México. La decisión de eliminar la corrupción siempre tendrá que ser prioridad para ésta y otras administraciones, pero no por ello debe optarse por desmantelar toda la infraestructura existente ni asumir que todo lo propuesto antes de la Cuarta Transformación estuvo mal.
Al eliminar el sistema de compras consolidadas, dejándose a cargo de la Oficialía Mayor de la SHCP, no se pudo afianzar un nuevo sistema de compras, haciendo de las condiciones de adquisición de medicamentos poco favorables, sin contar el desmantelamiento de las complejas redes de almacenamiento y distribución para concretar así el desabasto que hoy predomina en todo el país.
Lo peor es que no existen mecanismos claros para identificar qué medicamento se necesita para qué paciente, en un sistema que está adquiriendo menos alternativas y a precios más elevados, gracias al mayor número de contrataciones por adjudicación directa.
Bajo estas circunstancias, el poder “garantizar” el derecho a la salud se convierte no sólo en una improbabilidad, sino en un atrevimiento que literalmente está costando vidas en las poblaciones más vulnerables, supuestamente prioritarias para este gobierno.