La incongruencia histórica 

Esta semana, la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que las elecciones presidenciales realizadas el pasado 7 de noviembre en Nicaragua no se dieron bajo parámetros de justicia, libertad ni transparencia y por ello no cuentan con legitimidad democrática. Con ello, Daniel Ortega, quien ostenta el cargo desde 2007, se reeligió por cuarta vez consecutiva de acuerdo con las autoridades electorales nacionales. Previo a las elecciones, el gobierno de Ortega detuvo a aspirantes a la contienda y líderes opositores, acusados de traición a la patria y golpe de Estado.

La votación y subsecuente resolución decretada en la OEA, en la que México decidió abstenerse de votar, bajo el argumento de no intervencionismos, señala que las instituciones democráticas sistemáticamente se han debilitado con el régimen de Ortega.

El gobierno de México ha decidido optar por llevar un rol secundario en temas que impliquen sanciones para alguno de los miembros de este organismo. No obstante, esta percepción “neutral” deja de serlo cuando tenemos en nuestras manos una crisis humanitaria y migratoria en nuestras fronteras, a partir de la ingobernabilidad que se presenta en estos países centroamericanos y caribeños.

Más cuando lo ocurrido en Nicaragua difícilmente puede ser considerado una elección, no cuando anticipadamente la oposición no sólo no es aceptada, sino perseguida políticamente, además de ilegitimar a los únicos dos partidos políticos que se perfilaban para lanzar una campaña con una candidatura unificada. Bajo el mandato de Ortega, los Poderes de la Unión aprobaron modificaciones a la legislación que permite perseguir señalamientos de conspiración contra la soberanía nacional o que promueva derechos democráticos civiles organizados.

 La carrera política del presidente nicaragüense ha sido polémica desde su llegada al cargo en 2007, tan pronto como un año después, se acusó de fraude en las elecciones municipales, así como en las presidenciales de 2011, la sucesiva reelección ese año, además del acercamiento que tuvo con capitales privados que produjeron inversiones sin beneficios fiscales en las arcas, en demérito de la democracia y transparencia.

La memoria selectiva que el actual gobierno federal mexicano mantiene es sorprendente. Mientras que el expresidente José López Portillo rompía relaciones diplomáticas con el gobierno del presidente Somoza en 1979 y expresaba su apoyo a los ciudadanos nicaragüenses, para la actual administración pasan desapercibidos los más de trescientos muertos, cientos de encarcelados y desplazados a causa de los tres meses de protesta en 2018.

 La oposición de aquel país corrió el riesgo de participar en un proceso electoral, a pesar de que garantías como las de movilización, de reunión y asociación y prensa no están cubiertas por parte del Estado, por lo que el Ejecutivo decidió no correr el riesgo y, sencillamente, aprisionó a la competencia.

La abstención de México en esta resolución habla de la aceptación de una crisis humanitaria y la carencia de derechos políticos, no se trata de preferencias o ideologías, de derecha o izquierda, sino de complicidad ante hechos que ponen en riesgo no sólo la gobernabilidad y el Estado de derecho, sino la vida misma.

Como siempre, la historia a la que tanto se apela actualmente, será la encargada de juzgar a los personajes, sus actos y omisiones.

                *Analista