Esta semana, periodistas de al menos 60 ciudades salieron a las calles como parte de la protesta nacional en demanda de justicia y respeto a la labor periodística, y libertad de expresión, tras el sensible homicidio de tres periodistas en lo que va del presente año. Cabe señalar que en los últimos dos años, México ocupó el sexto lugar en el índice global de la impunidad del Comité para la Protección de Periodistas, que comprende casi una treintena de homicidios sin resolver desde 2011. De igual forma, la organización Artículo 19, que registra actos violentos en contra de periodistas en México, reveló que 148 comunicadores han sido asesinados desde 2000.
Se trata, sin duda, de una situación crítica no sólo por el riesgo que corre la libertad de expresión en México, sino como un testimonio del nivel de violencia que atenta en contra de todos los niveles de la sociedad y la incapacidad o desinterés del Estado para atender sus causas y a las miles de víctimas y sus familias. Es particularmente indignante lo ocurrido con la periodista Lourdes Maldonado, quien hace tiempo pidió ayuda directamente al Presidente en una de sus conferencias matutinas, ya que dijo temer por su vida, tras una disputa laboral que sostenía en Baja California.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, fiel a su costumbre, repartió responsabilidades, desde las autoridades estatales hasta conservadoras, por hacer “politiquerías” en este tema y aseguró que la impunidad en su administración no existía con una sonrisa que refleja la indiferencia de un gobierno que se niega a generar autocrítica, reconocer su incapacidad de contrarrestar las cifras lapidarias en cuanto a impunidad, violencia y reparación del daño.
No sólo no existe ese ejercicio introspectivo, sino que decididamente las autoridades federales se han dedicado a criticar e incluso insultar el ejercicio periodístico que no se alinee a su visión, por lo que pasan a formar parte de esta mafia del poder culpable de todos los males nacionales.
La violencia contra periodistas no sólo afecta su integridad, sino el mismo quehacer periodístico y el mismo derecho público a la información. Penosamente, vivimos en un país secuestrado en buena parte por la violencia que se extiende por todo el territorio, sin que haya genuinamente un control local, estatal y federal sobre la situación.
Es una triste realidad esa frase de que es más peligroso investigar un asesinato que cometerlo, se atenta en contra de la verdad y todos los que la abanderan en todos los niveles. Todo lo que se pueda hacer para tener una prensa más profesionalizada y segura, incidirá en beneficio en la lucha por sociedades más transparentes, informadas y críticas. Tal vez ésa sea la razón por la que verdaderamente no se les preste el respeto que el oficio merece.
La violencia hacia un grupo no es exclusiva, permea a toda la sociedad como resultado de los problemas inherentes de esa misma sociedad que se perpetúa a través del tiempo y su impunidad.