El gran fracaso

Hace unos días, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue encontrado culpable en un tribunal de los Estados Unidos por cinco cargos criminales, cuatro vinculados al crimen organizado y otro por falsedad en declaraciones, en tanto que la sentencia del juez se tiene prevista para finales de junio, la cual contempla la posibilidad de una cadena perpetua.

Más allá de los oportunismos políticos que un hecho de la magnitud de éste pueda generar, se puede o debe interpretar como una serie de múltiples fracasos, empezando por el sistema de justicia e inteligencia mexicano, que no pudo o quiso exhibir la magnitud de lo que ocurría con los mandos policiacos, pasando por los sistemas de controles de confianza, normativas y protocolos, de la mano de millones de pesos en recursos públicos invertidos y la incapacidad de actores políticos enfrascados en una estrategia que no sólo no funcionó, sino que ha ido empeorando con el tiempo.

El mismo hecho de que se tratara de un juicio realizado en los Estados Unidos demuestra también la crisis sistematizada de procuración de justicia mexicana, la cual simplemente no tiene la capacidad estructural, logística ni los recursos administrativos institucionales para la impartición de justicia ni mucho menos la reparación del daño en consideración de las víctimas y sus familias.

Es evidencia también el nivel de participación del crimen organizado en la vida política y pública del país, así como la magnitud de la actividad económica que gira dentro y fuera de nuestras fronteras, auspiciada por una demanda exacerbada de sustancias desde los Estados Unidos, que pone en jaque a su vez a los sistemas financieros y propició la crisis de salud pública que hoy se presenta de los dos lados de la frontera.

Se trata de una estrategia de origen equivocada, porque asume el costo social, político y económico de un tema compartido con los Estados Unidos, que no sólo es responsable, sino posiblemente cómplice de la crisis regional que vivimos hoy día.

No obstante, el sistema de justicia en México no permite llevar ante tribunales a funcionarios y exfuncionarios de manera efectiva, la decisión tomada en ese juzgado en Estados Unidos demuestra la debilidad de las instituciones de seguridad y la impunidad con la que operan funcionarios, el crimen organizado y todo actor que tenga cierto grado de influencia.

Mientras no se reinterprete el enfoque que se le da a la “guerra contra las drogas” no habrá un sistema político que resista la zozobra y degradación social que hemos tenido que sobrevivir en la sociedad mexicana durante décadas.