Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su administración está realizando los preparativos para instaurar un denominado plan de “pobreza franciscana”, con el que se pretende minimizar derroches y despilfarros, con el propósito, dijo, de no tener un gobierno rico con un pueblo pobre. Al respecto, se convocó a una reunión con el gabinete con el que estarán previendo un incremento en las medidas de austeridad para la recta final del sexenio.
Pese a que ya se modificó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a solicitud del Presidente, aún hay funcionarios que perciben más que el Ejecutivo nacional, por lo que dentro de esta medida está también la de insistir con una nueva reforma a la ley para que se haga cumplir lo dispuesto en ella, pese a “interpretaciones leguleyas” con las que, de acuerdo con su dicho, se defendieron en el Poder Judicial.
A pesar de que en lo discursivo es muy loable hablar sobre austeridad, acabar con los derroches y los lujos excesivos de la clase política, y llevar a sus funcionarios a la “justa medianía” juarense, la realidad es que desde 2019 estas “intervenciones” al presupuesto se han realizado sin mucha contemplación en sectores estratégicos como la salud, pese a que atravesamos una pandemia que llegó para exponer las profundas carencias que padece nuestro país en ese rubro. Pese a esta situación, poco se ha hecho para revertir la crisis de falta de medicamentos que se atraviesa. Se estima que en 2020 no fueron surtidas o se entregaron incompletas 16 millones de recetas en el sector salud y para 2021, esta cifra ascendió a 24 millones de indicaciones médicas.
De la misma forma, el Presidente aseguró que la “pobreza franciscana” no significaría la pérdida de empleos, aspecto que está por verse considerando los casi 8 mil despidos ocurridos de noviembre de 2018 a julio de 2019, de manera homogénea, sin haberse realizado un diagnóstico organizacional con el que se pudieran identificar necesidades particulares en temas de recursos humanos, necesarios para el funcionamiento encomendado para cada dependencia u órgano descentralizado.
Por supuesto que esta búsqueda furtiva de recortes presupuestales en aras de la austeridad no toca proyectos prioritarios del Presidente, de los cuales todos se han salido de presupuesto. La refinería, ya inaugurada, pese a estar a varios años de producir sus primeros litros de gasolina, ha costado alrededor de 12 mil millones de dólares, 50% más de lo planeado originalmente, mientras que el Tren Maya, aún inconcluso, se calcula que costará más de 70% de lo presupuestado.
Más allá de grandilocuencias presidenciales y sorteos de aviones, bienes incautados o lotes de playas públicas, tal vez deberíamos estar hablando de medidas reales que se traduzcan en finanzas públicas más sanas. México requiere de una reforma fiscal de fondo que limite los privilegios de los grandes contribuyentes, mejore la recaudación de impuestos y grave el patrimonio y la riqueza. De acuerdo con Oxfam, México es un país “insuficiente en términos fiscales”. Los ingresos por impuestos representan 13% del PIB, insuficiente, si se quiere hacer frente a la crisis socioeconómica que nos atañe.
Habría que analizar por qué un proyecto que se considera de izquierda no extiende su capacidad “transformadora” en el ámbito tributario.
No existe la claridad, la capacidad o siquiera la intención para esbozar un proyecto que atienda verdaderamente a la gran mayoría de quienes menos tienen, sin afectar los intereses de quienes genuinamente poseen el capital.