Asuntos de fondo

-Tristemente, la violencia desmedida es la que da cabida al uso del Ejército.

Esta semana se suspendió en el Senado de la República la votación que permitiría a las Fuerzas Armadas extender su participación en tareas de seguridad pública en el país hasta 2028, tras la decisión de los senadores de Morena y partidos aliados de regresar el dictamen a comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda.

En ese sentido, senadores de oposición demostraron su inconformidad sobre esta decisión de postergar la votación, bajo el argumento de que el partido oficialista y sus aliados no cuentan con la mayoría necesaria para aprobar la reforma, además de recurrir a tácticas de presión política y chapulineo.

Tras lo ocurrido, lo primero que puede atenderse de la situación son las diferencias legislativas que existen entre ambas cámaras y la complejidad que atraviesa el país para el logro de consensos. Mientras que en la Cámara de Diputados hubo un sorpresivo cambio de posturas entre las fuerzas políticas y se aprobaron las modificaciones que prolongan la militarización de la seguridad pública, en la de Senadores se evidenció la incongruencia entre lo que se negoció al constitucionalizar la Guardia Nacional, una ruta de mando civil, rendición de cuentas, transparencia, además del fortalecimiento de policías locales, estatales y municipales.

Desafortunadamente, en este tema el debate político/electoral eclipsa los asuntos focales de la discusión, que obligadamente pasan, en principio, por la extrapolación de las funciones de las Fuerzas Armadas que, en un afán de resarcir el déficit de las autoridades civiles de proveer seguridad, hoy son parte toral de las principales funciones del Estado. En segundo lugar, y más importante aún, es el reflejo de un problema de gobernabilidad fundamental donde el Estado de derecho se parcializa, vulnerando desde instituciones hasta la administración e impartición de justicia en México.

Nos habla del sistemático debilitamiento institucional que permite la propagación de algo que se supone se extinguió con la cuarta transformación, la corrupción y la impunidad. En lo retórico y en lo práctico “los abrazos y no balazos” no darán resultado si no se promueven políticas públicas multisectoriales que comprendan el desarrollo en su concepción más amplia, sin que por ello la sociedad se tenga que rendir ante la violencia que hoy pondera en el país.

Tristemente, la violencia desmedida es la que da cabida al uso del Ejército, pero lo que está consiguiéndose con estas postergaciones y garantías del uso militar para la seguridad es que se estimen innecesarias las fuerzas de seguridad pública, entrenadas, equipadas, que sean capaces de desarrollar inteligencia, que pueda perseguir el delito y que sucesivamente estos delitos puedan ser juzgados y sentenciados en las instituciones de procuración de justicia.

En la discusión actual no se aborda otro asunto trascendental como la reconfiguración de las finanzas públicas que le den viabilidad a los municipios y estados, recursos que hoy están cada vez más restringidos por la inequidad y opacidad en su redistribución actual hacia las fuerzas castrenses.

Es urgente visualizar estrategias comprensivas que vayan más allá de respuestas “exprés” a problemas que requieren soluciones de fondo.